Segura, que participó en un curso de la Universidad de Verano de la Complutense sobre política industrial, dijo que sólo deberían considerarse pymes las empresas de menos de 100 trabajadores y no de 250, como ocurre ahora.

Afirmó que, por debajo de esa cifra de empleados, existe un elemento ddiferenciador claro entre las empresas "y es que no tienen capacidad para realizar por si mismas determinados servicios que necesian".

Esos servicios, tales como auditorías o estudios medio ambientales, tienen que encargarlos a otras empresas, que los contratan a precios elevados.

Por esa razón, pidió que la Administración que cambie su política industrial y que, en vez subvencionar tipos de interés, ofrezca dichos servicios a precios de coste.

A su juicio, el nuevo Gobierno debería aplicar una política industrial que promueva la concentración industrial, incentive la investigación, mejore los servicios públicos, potenie el valor añadido de los productos mediante un mejor acabado, y promocione factores de competitividad ajenos al precio, como una mejor comercialización.