JUICIO UERRA. LOS EX DELEGADOS DEL GOBIERNO EN ANDALUCIA ASEGURAN QUE DESCONOCIAN LA ACTIVIDAD DE GUERRA EN LA DELEGACION
El texto se ha copiado correctamente en el portapapeles
Los tres ex delegados del Gobierno en Andalucía en los siete años que Juan Guerra ocupó el despacho oficial de su hermano Alfonso desconocían las actividades realizadas por el acusado y señalaron al secretario particular de Alfonso Guerra, Rafael Delgado, como el único responsable del control de su actividad.
Leocadio Marín, Tomás Azorín y Alfonso Garrio coincidieron en declarar hoy su falta de conocimiento sobre las visitas que recibía Juan Guerra en el despacho de su hermano, y negaron que ellos realizaran control alguno sobre su actividad, al depender directamente del entonces subsecretario de la vicepresidencia del Gobierno, "Fali" Delgado.
Además, los tres reconocieron que los gastos generados por el uso del despacho fueron financiados por la Delegación del Gobierno en Andalucía.
El senador Leocadio Marín, que fue delegado del Gobierno de982 a 1985, aseguró que la actividad de Juan Guerra la controlaba directamente Delgado. "Juan Guerra en la Delegación del Gobierno no es nada, dicho sea con todos los respetos", afirmó. Leocadio Marín reconoció que al despacho no accedía otra persona que no fuera Juan Guerra.
Al igual que Marín, el actual presidente de la Diputación de Almería, Tomás Azorín, reconoció que Alfonso Guerra usó el despacho sólo en contadas ocasiones, concretamente un par de veces en los dos años que ocupó él la Delegacióndel Gobierno. "En la Delegación todos eramos conscientes de que Juan Guerra no pertenecía a la Delegación", dijo.
A juicio del hoy senador Alfonso Garrido, la habilitación del despacho no generó ningún desembolso extraordinario a la Delegación, aunque admitió que los gastos de luz, teléfono y material fueron aportados por la institución. Una vez que Juan Guerra abandonó el despacho por cansancio, según declaró, en 1989, ese espacio y su responsabilidad de asistente no fue asumida por nadie.
A la ista oral iniciada hoy en la Sección Tercera de lo Penal de la Audiencia Provincial de Sevilla asisten 28 testigos. Guerra es juzgado por presuntos delitos de malversación de fondos y usurpación de funciones por los que la acusación particular, personada por Izquierda Unida y el Partido Andalucista, pide penas de seis a nueve años.
Tanto el fiscal como el abogado del Estado reclaman la libre absolución del inculpado por considerar que las supuestas prácticas irregulares que se le imputan no están tipiicadas en el Código Penal.
(SERVIMEDIA)
20 Ene 1995
C