El Ministerio Fiscal solicita penas de 36 y 33 años, respectivamente, para los principales acusados, Eduardo Correa, en prisión, y su esposa, en libertad condicional, por los delitos de tráfico de drogas, contrabando, receptación, tenencia ilícita de armas y explosivos.

En las mismas calificaciones provisionales se solicitan 17 años de prisió para cada uno del resto de los encartados, entre ellos, el abogado jiennense Ramón Porras, también en libertad condicional desde hace 2 años y medio.

El juicio se reanudará el lunes en la sección primera de la Audiencia con la ausencia de la súbdita árabe Nadia Rakia, también procesada y declarada en rebeldía. Otros 4 magrebíes están acusados, también, de pertenecer al desarticulado grupo.

La Interpol no ha podido encontrar e ingresar en prisión a Rakia que, en principio, había salido del país e dirección a Noruega.

PRUEBAS TELEFONICAS

La Audiencia Provincial de Granada no ha aceptado la petición del abogado de Eduardo Correa, quien organizó hace meses un motín en la prisión provincial tras negársele de forma continuada el régimen abierto, de anular, como prueba documental, las cintas magnetofónicas que recogen las conversaciones intervenidas en el transcurso de la operación, desarrollada en la provincia de Granada en julio de 1990.

La Guardia Civil desarticuló en esa fecha una supuesa red de tráfico de drogas en Alhama de Granada, en la comarca de Loja. Tras 7 meses de investigación, las fuerzas de seguridad detuvieron en este lugar a Correa cuando se dirigía a entrevistarse con Ramón Porras.

En el domicilio del primero, la Guardia Civil intervino 76.000 dosis de heroína, armas, explosivos y varios vehículos. En un inmueble cercano a la casa se encontraron también 36 mil dosis de cocaína.

REACCIONES

El abogado jienense implicado en esta supuesta red de tráfico de estupefacentes negó reiteradamente su participación en los hechos de los que se acusa y tras abandonar la prisión provincial de Granada, en los primeros días de febrero de 1991, acusó a la jueza de Loja, que había instruido las diligencias, de negligencia profesional.

Por su parte, Eduardo Correa calificó el proceso de "montaje" el pasado 2 de marzo mientras era dirigido por la policía de la sala de vistas al calabozo de la Audiencia.