Caballero Padilla es uno de los responsables municipales de la provincia investigados, a instancia de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, por un presunto fraude cometido al Plan de Empleo Rural (PER) a través de la firma de certificados falsos sbre los días trabajados por los jornaleros.

Varios juzgados de instrucción de Granada llevan a cabo la investigación, entre ellos el número 6, cuyo titular tomó hoy declaración a más de trescientos jornaleros de la localidad de Iznalloz, de la misma provincia.

El alcalde de Guadahortuna, según confirmó él mismo tras abandonar el juzgado, hasta hace unos 18 meses completó las peonadas que les faltaban a los trabajadores del campo para percibir el subsidio mediante la rúbrica de peonadas inexistents, aunque nunca más de diez por persona.

Caballero Padilla explicó que, sin embargo, durante los últimos meses recurrió a esta medida en "contadas ocasiones" y siempre para ayudar a familias "que atravesaban un estado de extrema necesidad, por una cuestión de conciencia".

Durante su comparecencia, el alcalde entregó al juez instructor, José Antonio Santandreu, un escrito que dirigió a los vecinos de Guadahortuna en julio de 1987, en el que anunciaba su intención de no firmar peonadas no trabajada.

ACTUO POR SOLIDARIDAD

Esta postura, aseguró el acalde, le trajo "no pocos problemas" con los parados de la localidad, quienes invadieron el ayuntamiento alarmados por esta decisión y exigiendo soluciones a su situación.

El primer edil recalcó que siempre "actué en conciencia, como lo hubiera hecho cualquier alcalde, cualquier persona medianamente humana, por una razón de solidaridad".

Asimsismo, declaró que por este motivo no le importaría ir a la cárcel, aunque insistió en que "esto n ha sido un comercio de firmas, como algunos quieren hacer creer, sino una postura de solidaridad".

Caballero Padilla manifestó ser partidario de que la Justicia "llegue hasta el fondo" de este asunto, "para que así la opinión pública se dé cuenta de que esto no es algo del otro mundo ni tan alarmante como se quiere presentar".

DECLARACIONES MASIVAS

Por otra parte, el juez de instrucción número 6 de la capital granadina, Miguel Angel del Arco, viajó hoy hasta la localidad de Iznalloz para tomr declaración a 319 jornaleros del municipio.

La mayoría de estos trabajadores del campo ha negado que aportasen peonadas falsas para acceder al subsidio por desempleo agrario, aunque un número amplio de declarantes sí reconoció que algunas de las jornadas que les fueron firmadas por el alcalde no les fueron abonadas por falta de fondos.

En muchos casos, no pudieron justificar los jornales que recibieron durante 1988, periodo investigado por el juez, pero aseguraron que todos los datos están en ls expedientes del Instituto Nacional de Empleo (INEM).

Los jornaleros de Iznalloz contestaron las preguntas del juez en el Hogar de la Tercera Edad de la localidad, ya que fue imposible acondicionar otro recinto para atender a tan masiva toma de declaraciones.

BREVE HUELGA DE HAMBRE

Mientras, los concejales de Izquierda Unida (IU-CA) y temporeros encerrados en la sede del Ayuntamiento de Pinos Puente (Granada) han acordado mantener su actitud, adoptada el pasado 14 de diciembre, hasta el próxim jueves.

El comité de huelga de los protagonistas del encierro acordó también convocar a todos los vecinos de la localidad a un paro general el viernes 25, así como mantener una huelga de hambre entre los próximos sábado 26 y martes 29.

La acción pretende protestar contra el "mal sistema de aplicación" del PER, y servirá también para reclamar una mayor dotación de fondos para el mismo en el municipio.

CIFRAS TRUCADAS

Felipe Alcaraz, secretario general del Partido Comunista Andaluz (IU-CA)miembro de la Comisión Política de IU-CA, aseguró hoy en Granada que las cifras millonarias del PER difundidas par el Gobierno "están trucadas".

En su opinión, los fondos que se destinarán al plan y a la dotación para subsidios "se incrementarán sólo en torno a un 3 por ciento, por debajo del crecimiento del índice de precios al consumo".

La coalición izquierdista viene solicitando al Ejecutivo que multiplique por seis o siete la cantidad destinada a estos programas, que ronda los 18.000 millone de pesetas, según los datos oficiales.

Para Alcaraz, las consecuencias de la investigación abierta por la Justicia granadina son, también, muy preocupantes, ya que "alcaldes y patronos están dejando de firmar jornadas y se está llevando a cabo una depuración exigente de los censos de trabajadores que han percibido el subsidio".

Para el líder de IU-CA, esta año dejarán de cobrar esta ayuda entre un 20 y un 25 por ciento de los jornaleros que lo recibieron durante el pasado 1990.

Alcaraz concuyó señalando que la política agraria del Partido Socialista (PSOE) a través de los gobiernos central y autónomo "ha fracasado rotundamente".