En un auto hecho público hoy, este magistrado de la Audiencia Nacional les imputa presuntos delitos de integración en organización terrorista "de naturaleza jihadista", conspiración para el atentado terrorista con resultado de muerte, falsificación de moneda y delito continuado de falsificación continuada de documento público y oficial. Además, ordena la busca y captura de tres de ellos, en paradero desconocido,

Según consta en el auto, los procesados planearon atentar contra la Audiencia Nacional, hasta el punto de que habían dispuesto "lo necesario para adquirir 1.000 kilogramos de explosivo (Goma 2), de los que utilizarían al menos 500 kilogramos en un camión que empotrarían contra la Audiencia Nacional".

Asimismo, el juez sostiene que con la explosión se pretendía acabar con la vida de jueces, funcionarios y público en general que acude normalmente a la Audiencia Nacional y que en el auto se cifra en unas 980 personas diarias: 300 jueces, secretarios y personal judicial, 80 fiscales y personal de Fiscalía, 50 personas de la Secretaría de gobierno y sus departamentos auxiliares, 350 abogados, visitantes y justiciables, y 200 agentes policiales.

Según la resolución, los procesados tuvieron en cuenta "la trascendencia que se conseguiría con el atentado a un organismo judicial emblemático como la Audiencia Nacional".

El magistrado mantiene que los 33 procesados pertenecen a un grupo constituido entre finales de 2001 y primeros meses de 2002 por Abderrahmane Tahiri, alias "Mohamed Achraf", quien desarrollaba las funciones de emir.

De los 33 procesados, nueve habían manifestado su voluntad de suicidarse en el atentado proyectado contra la Audiencia Nacional, incluído el emir "Achraf", quien se encargaría de la financiación de la acto criminal. Esta persona llegó a decir "que no importaba el costo, pero que la acción se debía hacer con urgencia".

RADICAL SALAFISTA

El constituido por "Achraf" era un grupo de "tendencia radical salafista que defendía la práctica de la 'jihad' (Guerra Santa)" y que además tenían "intención de ponerla en práctica en España, a través de acciones violentas como la proyectada contra el edificio de la Audiencia Nacional".

Era el propio "Achraf" quien se encargaba de reclutar a los miembros del grupo. El juez Grande-Marlaska señala que "la captación de los miembros 'hermanos' se produjo bien personalmente en el interior de los centros penitenciarios, bien por medio de cartas de exaltación a la jihad".

"Achraf" no sólo realizaba las labores de reclutamiento, sino también las de adoctrinamiento, trabajo en el que le ayudó otro de los procesados, Said Afif, quien, mientras permaneció en la cárcel de Topas (Salmanca), ejerció las funciones de vice- emir.

Por su parte, los procesados Hoari Jera y Mohamed Keussabi eran los encargados de canalizar la información del grupo, según consta en el auto.

El magistrado indica que, en este caso, "aprovechando las rendijas y zonas libres de control del sistema penitenciario han conseguido constituir un grupo amplio de personas dispuestas a cometer acciones terroristas y practicar la Jihad en el sentido más perverso de la misma, en forma inmediata, a medio o a largo plazo".

Asimismo, señala que "el núcleo de reclutamiento se centra en personas condenadas por delitos comunes a los que inicialmente se les expone esta visión extremista del Islam como medio de expiación de sus pecados anteriores y para sacarlos de un modo de vida yconferirles la purificación, a través, en su caso, del martirio, aunque con la contradicción de que a la vez se les impone que la financiación no tendrá límites con tal de que el fin sea el deseado".

De los 33 procesados, Abdellah Hawari, Mohamed Keussabi y Mohamed Hamid se encuentran en paradero desconocido, por lo que el juez Grande-Marlaska ha ordenado que se libren las oportunas órdenes internacionales de busca y captura contra ellos.