El juez ha elevado una exposición razonada a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) por la actuación de la vicepresidenta y consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, en el caso de los abusos sexuales a una menor tutelada, por el que ya hay 13 subordinados suyos imputados.

En un auto notificado este viernes a las partes, contra el que cabe recurso, el magistrado señala que existen “indicios racionales y sólidos” de la participación de la aforada en los hechos por los que ya se siguen diligencias contra 13 investigados, entre altos cargos de la Consejería y trabajadores del centro donde ocurrieron los hechos.

El instructor considera que no resulta ya posible “progresar en la investigación ordenada” sin que la vicepresidenta del Consell “sea oída como investigada, sin perjudicar su derecho constitucional de defensa y sin perjudicar el derecho de acción de las partes acusadoras y de defensa de las partes acusadas”.

Por su condición de aforada al ser diputada en las Cortes Valencianas, Mónica Oltra solo puede ser investigada por el TSJ de esa comunidad, previo envío por parte del instructor de un escrito razonado en el que detalle los indicios que le hacen solicitar la imputación y la declaración de Oltra.

El TSJ de la Comunidad Valenciana ya rechazó meses atrás investigar a Mónica Oltra tras la presentación de una querella presentada por la asociación Gobierna-Te, presidida por la cofundadora de Vox Cristina Seguí.

El pasado mes de febrero, el juzgado de Instrucción 15 de Valencia imputó a seis cargos de la Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana y a dos trabajadores de un centro de menores a los que citó a declarar por ocultar presuntamente los abusos sexuales de Eduardo Ramírez, exmarido de la vicepresidenta valenciana, Mónica Oltra, a una menor tutelada.

Los seis investigados tendrán que declarar sobre su responsabilidad en la gestión de la denuncia que presentó la menor, que se hallaba en ese momento tutelada por la Administración valenciana y ver si hubo desprotección de la menor.

Oltra era en ese momento la consejera responsable de la gestión de los centros tutelados. Entre los imputados estaban la directora territorial de la Consejería de Igualdad en Valencia, Isabel Serra, y dos trabajadores del colegio Niño Jesús, donde trabajaba Eduardo Ramírez como educador social.

El exmarido de la vicepresidenta valenciana fue condenado a cinco años de prisión por el Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana por un delito de abusos sexuales cometidos sobre una menor tutelada de 14 años. El caso se reabrió el pasado mes de diciembre en la Audiencia de Valencia para investigar si hubo ocultamiento de los hechos por otros trabajadores adscritos al centro de internamiento o a la Consejería.

En concreto, el juez estudia si hubo delitos de abandono y omisión de los deberes de guardia y custodia, a partir del momento en que la menor denunció que estaba siendo objeto de abusos por parte del educador en febrero de 2017. La investigación se centra en averiguar si se ocultaron los hechos e iniciaron una investigación interna de carácter “parajudicial” con el propósito de “desactivar la denuncia”, hasta que la niña denunció los hechos a la Policía en junio de ese año.