La información pedida afecta a los avales de mayor cuantía concedidos por la CARIC a unas 25 sociedades que podrían ener alguna relación con altos cargos de la administración catalana, entre ellos el actual consejero de Industria, Antoni Subirà.

La solicitud del juez forma parte del caso abierto para investigar presuntas irregularidades en la concesión de avales por parte del organismo desaparecido, asunto que ya fue investigado por la fiscalía hace tres años.

Las diligencias de esta causa afectan, además de a Subirà, que tiene un proceso abierto por posible delito de cohecho en el Tribunal Superior de Justici de Cataluña, al consejero de Economía, Macià Alavedra, y a los ex miembros del Gobierno de Pujol Josep Maria Cullell, Josep Manuel Basáñez, Joan Hortalà y Vicenç Oller.

El llamado "caso Subirà" está relacionado con la concesión de un aval a una empresa de la familia del consejero con dinero supuestamente procedente de un empresario que adquirió unos terrenos en El Prat de Llobregat y que fueron recalificados por la Generalitat.