La decisión del juez Barceló de inhibirse en este caso se basa en la implicación de políticos aforados en el sumario instruído, que ha tenio como principal consecuencia política hasta ahora la dimisión del anterior presidente regional, Gabriel Cañellas.

Según las investigaciones realizadas, tres diputados autonómicos del Partido Popular en Baleares y la agencia de publicidad IZY se repartieron 50 millones de pesetas procedentes de la empresa Antonio Quart S.A., que fue la adjudicataria de la obras de construcción del polémico túnel.

Los aforados son Antoni Mari Calbet, presidente del Consejo Insular de Ibiza y Formentera; Joan Hugue, actual presidente del Parlamento balear y del PP en esta autonomía; y José Antonio Berastain, consejero de la Función Pública del Gobierno balear.

Los tres políticos figuran en el sumario como titulares de las cuentas investigadas por la Policía en sendas sucursales del antiguo Banco de Ibiza y la Banca March.

Los tres diputados autonómicos fueron, además, secretarios generales del PP en Ibiza y Formentera, Menorca y Baleares, respectivamente, cuando desde la empresa constructora se ordenó el igreso en cuentas corrientes de su titularidad de 45 millones de pesetas a repartir.

Por su parte, los responsables de la agencia de publicidad IZY, responsable de las campañas electorales del PP balear, percibió 5 millones de pesetas, siempre según los datos hechos públicos tras levantarse el secreto sumarial del caso.

El informe redactado por el Grupo de Delincuencia Económica del Cuerpo Nacional de Policía confirmó el pasado mes de junio la presencia de políticos aforados del Partido Popular deBaleares en las investigaciones realizadas por el presunto cobro de comisiones que, supuestamente, habrían sido entregadas por la empresa constructora del túnel entre Palma y Sóller.

Asímismo, el atestado policial indica que en dos de las cuentas que el PP balear tiene abiertas en sendas sucursales del antiguo Banco de Ibiza (o Banca Matutes, hoy San Paolo) y Banca March se ingresaron entre 50 y 70 millones de pesetas procedentes de la empresa Túnel de Sóller, del empresario y ex socio de Gabriel Cañelas, Antonio Quart.

La conclusión definitiva del trabajo dirigido por Carlos Fernández, jefe del citado grupo policial, es que el PP fue el beneficiario principal de dicha cantidad de dinero si bien está por determinar si las actuaciones de los políticos aforados, del PP, son constitutivas o no de delito, lo que deberá dirimir ahora el Tribunal Superior de Justicia de Baleares.

El alto tribunal balear ya investigaba paralelamente al juzgado de instrucción el presunto cobro de estas comisiones porparte de dirigentes del PP y del Gobierno balear a raiz de una denuncia y posterior querella criminal presentada por Izquierda Unida, por un presunto delito de prevaricación continuada.

En este sentido, el magistrado del TSJB, Juan López Gayá, que ahora reúne todo el sumario ha citado a declarar a varios políticos, consejeros y ex consejeros, técnicos y representantes de la constructora FCC que trabaja en el polémico túnel.

La adjudicación de las obras a la empresa de Antonio Quart por parte del onsejo de Gobierno balear estuvo envuelta en la polémica desde el principio. La insolvencia de Quart obligó al Gobierno a retirarle las obras y entregarlas a FCC, lo que ocurrió el pasado otoño.