Gadea también abordó este miércoles el ingreso en prisión de otros tres investigados en esta causa, en la que los investigados recibían aportaciones de dinero de personas que creían estar luchando contra la corrupción.

En uno de los autos, el juez acuerda la detención del exjuez para que en un plazo máximo de 72 horas sea puesto a disposición judicial con el fin de practicar aquellas diligencias estrictamente necesarias para el esclarecimiento de los hechos y con el objeto de resolver si procede elevar la detención a prisión o decretar su libertad.

En otros tres autos, el magistrado ha acordado, a petición de la Fiscalía y las acusaciones particulares, la prisión para otros tres investigados que comparecieron en la Audiencia Nacional: Santiago y Alberto Royuela y Juan Martínez Grasa.

Gadea recuerda, en su escrito, que los hechos que se investigan son graves y en el caso de estos tres investigados encajarían en delitos de estafa agravada, apropiación indebida agravada, asociación ilícita y organización o grupo criminal.

INSTRUMENTO PARA “LUCRARSE”

Según el juez, la investigación permite apuntar que “nos encontramos ante una organización o grupo criminal, integrado por los investigados, con roles definidos, posiciones determinadas y vocación de permanencia”.

Para el instructor, en el “vértice” de esta trama estaría el exjuez Presencia, “quien habría puesto en marcha una estructura exclusivamente encaminada al enriquecimiento ilícito propio y de algunos de los miembros más cercanos de la organización mediante la difusión de noticias falsas”.

En esta organización, bajo la cobertura de Acodap, los investigados Presencia, Alberto Royuela y su hijo Santiago Royuela tendrían un papel esencial en la fabricación de las denuncias y documentos mendaces que las acompañan.

Acto seguido, éstos, junto a Juan Martínez Grasa, Alejandro Diges y Álvaro Arteaga se encargarían de la interposición de las denuncias ante las diferentes autoridades receptoras, ocupando Lidia Reina un papel clave en su distribución de la misma en Internet y por diferentes canales y redes sociales, así como en la administración y gestión de la entidad Acodap.

Para el magistrado, existen múltiples indicios que permiten concluir que las denuncias presentadas eran meras maquinaciones. “Todo ello permite inferir que la organización Acodap no era más que un instrumento al servicio de un grupo de personas para la obtención de recursos con los que lucrarse”, afirma el instructor.