Almeida habría cometido esas faltas en un enfrentamiento entre trabajadores de la citada empresa y funcionarios de policía cuando los primeros intentaban evitar el desmantelamiento de la compañía, con el traslado de la maquinaria a Guernica (Vizcaya), el 25 de noviembre del año pasado.

La ex diputada planteó al magistrado que su caso había prescrito al haber transcurrido más de dos mees entre los hechos y su inculpación, pero el juez no se pronunció sobre ese extremo y decidió aplazar la vista hasta el próximo 19 de enero, cuando ya estarán en su poder las pruebas solicitadas por Almeida, como fotografías de prensa de los incidentes.

Cristina Almeida presentó este pasado mes de septiembre un escrito sobre "la necesidad de aplicar la prescripción, porque yo", señaló la ex parlamentaria, "no he tenido conocimiento de ninguna acusación contra mí hasta el mes de junio y, oficialmente,como cualquier ciudadano, tengo derecho a la seguridad jurídica". La Ley marca un plazo de dos meses para inculpar a alguien en un juicio de faltas.

En el mismo documento, la militante de IU planteaba que el juzgado resolviera previamente a la vista de hoy la cuestión, "porque si tenía que venir al juicio, tenía que pedir unas pruebas que no están en mi mano, como era una cinta que llevó el señor Corcuera al Congreso de los Diputados".

"Como no ha querido resolver antes", añadió Almeida, "se ha sspendido para practicar las pruebas, con independencia de que en sentencia resuelva si está prescrito o no".

SEGURIDAD JURIDICA

La militante de IU aseguró que no quiere eludir ninguna responsabilidad, sino que invoca la posible prescripción, "porque es un ejercicio de garantía de la seguridad jurídica que cualquier ciudadano tiene, porque no voy a alegar ningún tipo de privilegio, porque en aquellos momentos fuera diputada".

Por su parte, el abogado de los policías, Fernando Reinoso, manifestó ue no creía que las pruebas pedidas afecten "en nada" a la averiguación de lo que sucedió el día de autos.

A su juicio, las pruebas tienen más un contenido político de lo que sucedió el día después en el Congreso de los Diputados y las interpelaciones parlamentarias que al parecer existieron, pero, salvo error mío, no se ha propuesto ninguna prueba que vaya directamente dirigida a esclarecer o dar luz sobre lo que sucedió el día de los hechos".

Sobre la posible prescripción, Reinoso afirmó desconcer los argumentos concretos de Almeida, ya que hasta hoy no supo de la existencia de su escrito, aunque añadió que "lo realmente importante es que el procedimiento se haya dirigido contra ella en ese periodo de tiempo y lo cierto es que al día siguiente de producirse los hechos hay un atestado judicial, que obra en la causa, donde se narran unas circunstancias que son susceptibles de un reproche penal".

"La veracidad de esos hechos", añadió, "es algo que está sometido al juez y que el juez decidirá e sentencia. En cualquier caso, también creemos que éste no era el momento procesal para plantear la prescripción". Una vez abierto el juicio, señaló Reinoso, debe quedar reservado al momento de la sentencia.

El abogado de los funcionarios -que también acudieron al Juzgado, incluído el que ordenó la carga, "Puma 50"- indicó que las probables penas de este juicio son de multa. "Esta parte, en principio, no tiene previsto pedir penas privativas de libertad para nadie".