Los responsables de las firmas Ascan, Emilio Bolado S.A. y Monobra, la directora del Servicio Regional de Contratación y Obras, el ex jefe y un miembro del gabinete de prensa de la Diputación regional prestaron declaración en relación con la denuncia formulada el pasado mes de noviembre po los miembros de la comisión parlamentaria que investiga las supuestas irregularidades financieras cometidas durante la "etapa Hormaechea".

En medios judiciales se consideran fundamentales los testimonios de los directores de las constructoras, puesto que las adjudicaciones presuntamente ilegales son el motivo principal sobre el que están basadas las acusaciones de malversación de fondos y prevaricación.

Estas acusaciones se apoyan en los informes semanales que la auditora Bores Loring remite a l comisión parlamentaria y al magistrado Tolosa, y de los que se deducen posibles indicios de adjudicación ilegal de modificaciones de obras.

Ayer mismo se conoció la existencia de un dictamen emitido a petición del Gobierno cántabro por el Consejo de Estado en febrero de 1988, en el que se desautorizaba una modificación de obras en la carretera Puente Arce-Renedo, porque superaba el 20 por ciento de incremento presupuestario que la ley permite para modificar un proyecto cuando ya está en ejecución.

Datos provisionales de la auditoría revelan que el Gobierno de Hormaechea hizo caso omiso de la advertencia del Consejo de Estado, tanto en este caso como en otros posteriores, como los del Teatro de Festivales de Santander, el Parque de la Naturaleza de Cabárceno y el Hospital de Liencres.

Según los datos de la auditora, el Teatro de Festivales santanderino, presupuestado inicialmente en 1.200 millones de pesetas, ha sufrido numerosas modificaciones de proyecto y su costo final rondará los 5.000 milones.