El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de San Lorenzo del Escorial rechaza de esta forma la inhibición dictada en noviembre de 2008 por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón para que fuesen los jueces de la localidad los que se encargasen de recuperar los restos de los fusilados que se encuentran en el Valle de los Caídos.

El juez Aguilera señala en un auto hecho público hoy que no puede admitir su competencia "para instruir de forma sesgada unas concretas detenciones ilegales ocurridas en el partido judicial de San Lorenzo de El Escorial independientemente del resto de hechos delictivos cometidos a nivel nacional".

El magistrado considera que estas acciones no fueron aisladas ni se cometieron a título particular, sino que estuvieron organizadas "bajo un plan preconcebido" por parte de un "grupo organizado militar y rebelde".

Para el juez, es evidente que el llamado "alzamiento" tuvo por objetivo "sustituir el orden jurídico constitucional". Para ello "unidades militares se rebelaron contra el sistema"y "se sirvieron de detenciones, secuestros y asesinatos, entre otras lindezas".

Por lo tanto, rechaza instruir de forma aislada una causa, la de los fusilados de toda España cuyos restos fueron llevados al Valle de lo Caídos, como si se trataran de delitos con una responsabilidad "aislada e individual".

HUESOS EN LA CRIPTA

Fueron las asociaciones para la recuperación de la memoria histórica quienes solicitaron en octubre de 2008 al juez Garzón que autorizase la apertura de una fosa común situada dentro de la cripta del Valle de los Caídos, y que contendría los cuerpos de al menos siete fusilados de la Guerra Civil.

La persona que solicitó la apertura de esta fosa fue Fausto Canales, miembro de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Valladolid e hijo de uno de los fusilados que presuntamente se encuentran en la fosa del Valle de los Caídos.

Canales explicó en su escrito que, en concreto, los restos de los fusilados, entre ellos los de su padre, se encuentran en una caja de madera recubierta de mármol colocada al fondo de la cripta de la Capilla del Sepulcro, situada en el primer piso del monumento.

Según relató, los cuerpos que contiene la caja de madera corresponden a siete jornaleros de Pajares de Adaja (Ávila) que pertenecían a la Casa del Pueblo de este municipio y que fueron fusilados por miembros del éjercito de Franco en la vecina localidad de Aldeaseca el 20 de agosto de 1936.

No fue hasta el 23 de marzo de 1959, una semana antes de la inuaguración del Valle de los Caídos, cuando se decidió trasladar los cuerpos hasta el momumento de la sierra madrileña, algo que se hizo, según puntualizó Canales, "sin permiso de los familiares".

Estos siete fusilados no serían las únicas víctimas de la Guerra Civil que reposan junto a la tumba de Franco, ya que el dictador ordenó colocar alrededor de la que iba a ser su sepultura los restos mortales de combatientes de la contienda de ambos bandos.