En su auto, del 11 de abril, la magistrada expone que en esta fase procesal no corresponde analizar en detalle las actuaciones, sino que de lo practicado resulta la existencia de una base indiciaria suficiente. Sin embargo, la Fiscalía provincial de Tarragona, en su recurso de reforma, expuso precisamente que, tras la instrucción de la juez, no tiene constancia de datos e indicios que sustenten el delito medioambiental, así como tampoco los tiene sobre una presunta falsedad documental.

En su escrito, la Fiscalía afirma que “no hay constancia de daño o riesgo grave al medio ambiente” porque no hay ningún dato de inmisión en medio marino ni datos periféricos que lo pudieran hacer sospechar. También apunta que no existe ningún tipo de caracterización de los alegados vertidos al canal de refrigeración/agua de mar, por lo que cualquier dato sobre contenido o cuantificación son “simples hipótesis”.

Por este motivo, el fiscal pidió en su momento a la juez que retornen los autos a la fase de instrucción para aclarar especialmente la investigación realizada por los Mossos, a quien pide muchas aclaraciones.

Asimismo, la Agencia Catalana del Agua (ACA), organismo dependiente de la Generalitat, ya sostuvo a finales de noviembre que no hay constancia de que Iqoxe realizara vertidos que desembocaran en el mar, así como informó que no se había podido detectar ni probar que la compañía utilizara supuestamente productos para enmascarar vertidos contaminantes que iban al mar.

Por su parte, la defensa de Iqoxe ha interpuesto recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Tarragona. A su juicio, la investigación se abrió sin que se detectara ningún vertido de aguas residuales ni tampoco presencia alguna por encima de los parámetros fijados por la Administración. “La única conclusión a la que se ha llegado es que la tesis impulsada por los agentes de los Mossos es una mera hipótesis o, mejor dicho, una especulación”, refleja en su escrito el equipo legal que encabeza Emilio Zegrí.