En un auto firmado por el juez Adolfo Carretero, el magistrado indica que la vivienda y los vehículos que el comisionista ha aportado como garantía hasta el momento tienen un valor aproximado de dos millones de euros, cifra que queda lejos de los seis millones que debe depositar para hacer frente a posibles responsabilidades civiles derivadas del procedimiento.

Además, el juez pide en su auto a la Agencia Tributaria que le informe sobre los bienes muebles e inmuebles de Luceño y de su sociedad Takamaka Invest. Por el momento, Carretero no imputa al empresario delito de alzamiento de bienes o delito fiscal, tal y como le pidieron algunas de las acusaciones populares. El juez aprecia en el caso de Luceño que no ha hecho operaciones con sus cuentas tras ser citado a declarar por la Fiscalía, a diferencia de que hizo su socio, Luis Medina, que procedió a la venta de bonos pese a haber sido advertido por los fiscales de que podría incurrir en un delito.

En esta causa se investiga un contrato de suministro de material sanitario para el Ayuntamiento de Madrid por un total de 11 millones de euros, de los que Luceño se quedó con cerca de seis millones de comisión por intermediar con la empresa malaya Leno de la que, según dijo, era representante exclusivo.

Con ese dinero, Luceño compró un piso en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón, que ahora está embargado y tiene un valor de 1,1 millones de euros, varios coches de lujo que suman cerca de un millón más y una cuenta bancaria con casi 130.000 euros. Sin embargo, estos bienes no alcanzan los 6.206.644 euros en que se ha fijado la fianza.

Además, el el magistrado reclama al comité Español de la Cámara de Comercio Internacional (ICC Spain) lo contratos firmados por Luceño y Medina para operar en el mercado exterior para asegurarse de la autenticidad de los documentos o determinar si fueron falsificados. La Cámara deberá corroborar y participó en la confección de esos contratos y si autorizó el uso de su membrete.

La investigación del juez va dirigida principalmente a determinar si las comisiones cobradas fueron abusivas. En esta línea, la acusación popular representada por Unidas Podemos ha pedido que sea precisamente la Cámara de Comercio Internacional la que informe sobre las comisiones que considera idóneo cobrar por las funciones de “facilitador” de operaciones de venta internacionales, lo que podría servir de base para determinar si existió el delito de estafa.