El suceso, ocurrido el 16 de diciembre de 1987 y que generó el abandono desordenado de los puestos de trabajo por parte de las plantillas ante el temor a la contaminación, provocó que se fundiesen algunas de las cubas electrolíticas de producción de aluminio de las dos factorías del grupo Inespal, daños cuya cuantía se negaron a pagar las aseguradoras Aurora Polar, Banco Vitalicio, La Unión y El Fénix, La Vasco Navarra y Plus Ultra.

egún informaron hoy portavoces del INI, más de seis años después, el juez ha declarado ahora que la demanda presentada por Inespal es razonable, y acepta las tesis de la empresa pública de que los daños y averías ocasionados por el siniestro, así como las pérdidas de beneficios y gastos extraordinarios producidos a las dos factorías estaban cubiertas pçolizas de seguros vigentes en el momento.

Aunque la cuantía definitiva de la indemnización deberá ser fijada durante el proceso de ejecución de la sentncia, Inespal se vió obligada, como consecuencia del incidente, a provisionar un total de 11.200 millones de pesetas.

Asimismo, el juzgado ha desestimado la demanda presentada por el Grupo Inespal contra el Consorcio de Compensación de Seguros, para el supuesto de que el siniestro mereciese la calificación de catastrófico y, por tanto, no hubiese sido cubierto por las pólizas de seguro ordinarias. También desestima la demanda que presentó contra la firma de reaseguros American Home Assurances.

Lo hechos que dieron lugar a la paraliación de las dos fábricas de aluminio en el Complejo Industrial de San Ciprián, motivaron también el despido del comité de empresa de ambas instalaciones, medida que fue declarada procedente por los juzgados de lo Social de Lugo, el Tribunal Supremo, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Corte Europea de los Derechos Humanos con sede en Estrasburgo.