Según explicaron fuentes judiciales, el juez quiere saber si alguna de las partes personadas en el caso es partidaria de tomar medidas preventiva contra Prado, cuya declaración de más de tres horas se centró en la concesión de un crédito de 1.50 millones de pesetas a su favor por parte de Grand Tibidabo y que el empresario no devolvió.

Las mismas fuentes señalaron que Manuel Prado calificó esta operación como un préstamo ordinario, cuyos beneficios para Grand Tibidabo, empresa de la que fue vicepresidente hasta 1993, fueron la cesión de unos terrenos suyos en Dos Hermanas (Sevilla) que ofreció como aval.

Los terrenos, de las empresas de Prado Expovillas y Trébolquivir, fueron valorados en unos 3.000 millones de pesetas, aunque el actualconsejo de administración de Grand Tibidabo considera que su valor no supera los 600 millones.

Prado justificó ante el juez Aguirre el incumplimiento de la devolución del crédito, argumentando que una de sus empresas estaba en crisis, aunque a la salida del juzgado el empresario no quiso hacer declaraciones.

En las últimas semanas también declararon el financiero Javier de la Rosa, el apoderado de éste, Arturo Piñana, y el ex presidente de Grand Tibidabo Joan Cruells, cuyas versiones sobre el créito a Manuel Prado no difieren de la que el empresario dio hoy al magistrado.