El titular del juzgado central de instrucción número 4 explica en su auto que la posibilidad de que una institución pública pueda ejercer la acusación popular no está avalada ni en la Ley de Enjuiciamiento Criminal ni tampoco por las decisiones del Tribunal Supremo. Calama se alinea así con el criterio de la Fiscalía que se opuso también a la petición de la Generalitat.

En el ‘caso Pegasus’, el juez Calama está investigando la intromisión en los móviles del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de los ministros de Defensa, Margarita Robles; de Interior, Fernando Grande Marlaska; y de Agricultura, Luis Planas, tras la presentación de una denuncia por la Abogacía del Estado. Sobre esta causa ha decretado secreto de sumario.