En una providencia a la que tuvo acceso Servimedia, el magistrado acuerda la suspensión de la declaración porque la acusación popular ejercida por el PSOE le ha solicitado que la impute, para que esté arropada por todas las garantías procesales en su comparecencia y pueda gozar de una defensa independiente de la que representa al Ayuntamiento de Madrid.

Esta decisión es importante porque en caso de acudir como testigo, no tiene porqué estar presente su abogado y, además, estaría obligada a decir la verdad, mientras que como imputada podría ir a declarar acompañada de su propio abogado y no estaría obligada a decir verdad.

Según el PSOE, Collado podría haber incurrido en los delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y complicidad en estafa al ser la interlocutora en el Ayuntamiento con los empresarios Alberto Luceño y Luis Medina, que cobraron seis millones de euros de comisión de un contrato de suministro de material sanitario de 11 millones con el Ayuntamiento de Madrid.

El juez mantiene, en cambio, la citación para el lunes de otros testigos y está pendiente de la respuesta de las acusaciones y las defensas para decidir si cita a declarar al primo del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en calidad de testigo o de imputado para que explique su contacto con los comisionistas y el Ayuntamiento.

Según dijo Medina en su declaración ante el juez, el primo del alcalde fue la persona que le facilitó una vía de contacto con el Ayuntamiento, tras la mediación de la directora de una universidad privada amiga suya. Se trata de María Díaz de la Cebosa, cuya citación está prevista para el día 9, aunque aún no ha podido ser notificada. Ella fue la que dio a Medina el número de Carlos Martínez Almeida, que le facilitó con contacto de Collado.

El próximo lunes están citados como testigos los directores de dos oficinas bancarias en las que, según Unidas Podemos, se realizaron las disposiciones patrimoniales tras el cobro de las comisiones. Se trata de Cristina Sierra Daimiel y Javier Martín Moreno, a los que el juzgado no ha podido localizar para citarlos, por lo que el magistrado ordena a la Policía Judicial que les localice para entregarles la citación.