El ingreso en prisión fue solicitado por la fiscal encargada del caso, Blanca Rodríguez, durante la declaración de Moto ante el juez, una comparecencia que duró algo más de dos horas. El delito de tráfico de armas de guerra está castigado con penas de cinco a diez años de cárcel.

Moto fue arrestado en la noche del pasado lunes en Fuensalida (Toledo) por su presunta vinculación con una red que se dedicaba al tráfico ilegal de armas de guerra, que eran supuestamente introducidas en Guinea Ecuatorial para preparar un golpe de Estado contra el actual presidente del país, Teodoro Obiang.

Su detención se produjo después de que el pasado 5 de marzo la Policía Nacional se incautase en el puerto de Sagunto (Valencia) de varias armas de guerra escondidas en el maletero de un coche conducido por el hombre de confianza y jefe de seguridad de Moto, Damián Motu Ngema, que fue arrestado.

En concreto, la policía encontró en el coche dos fusiles de asalto y una pistola, así como abundante munición. En el momento de su detención, Moto se disponía a embarcar con el coche en un buque con destino a Malabo, la capital guineana.

COORDINACIÓN DE LA OPERACIÓN En el auto dictado hoy por Andreu, se señala que de las conversaciones telefónicas intervenidas se desprende que Moto "no sólo era plenamente conocedor de la compra y envío de las armas a Guinea Ecuatorial, sino que el mismo coordinaba y daba instrucciones a los demás implicados a fin de realizar dicho tráfico".

Para llevar a cabo su plan, Moto contaba con la ayuda "financiera y logística", señala el auto, del empresario de Tarragona Francisco Javier Roselló y del hombre de confianza de este, Antonio María Nogués, ambos detenidos y actualmente en prisión.

Según señala Andreu, el dinero para realizar el tráfico de armas lo habría proporcionado el propio Roselló, "a quien Severo Moto habría prometido un trato de favor en explotaciones empresariales en caso de llegar al poder en Guinea Ecuatorial".

Para llevar a cabo su plan, el grupo "habría adquirido un vehículo a través de un ciudadano andorrano, que lo habría desplazado hasta Cataluña", en concreto hasta la localidad tarraconense de Ruidoms, en donde se mantuvo oculto "hasta que lograron adquirir las armas".

Depués, Nogués "habría sido la persona encargada personalmente por Moto para trasladar el vehículo, a bordo de una grúa, desde donde lo tenían escondido hasta el puerto de Sagunto, a fin de ser embarcado".

En cuanto a la comparecencia de Moto en la Audiencia Nacional, el juez indica que el político guineano "no pudo dar explicación razonable alguna sobre el sentido de sus conversaciones con Roselló", en las que se refería "tanto a la adquisición del vehículo como de las armas".

La prisión provisional fue decretada por Andreu al considerar que existe peligro de fuga y "riesgo de obstrucción a la labor de la justicia", además de para evitar la reiteración delictiva ya que Moto ya habría intentado, "en anteriores ocasiones, otros hechos similares".

ASILO POLÍTICO

Tras el auto del juez Andreu, el político guineano fue trasladado a la prisión de Soto del Real (Madrid) en donde se formalizó su ingreso en la cárcel. Fuentes jurídicas explicaron que la condición de asilado político de Moto no impide su ingreso inmediato en prisión.

El pasado 12 de marzo, el Tribunal Supremo decidió mantener la condición de asilado en España de Moto, al anular un acuerdo del Consejo de Ministros de marzo de 2006, que revocó el asilo del que desde 1986 disfrutaba el político africano en España.

El Consejo de Ministros decidió anular el asilo del que disfrutaba Moto desde hace veinte años precisamente por su participación en varios intentos de golpe de Estado contra el Gobierno de Guinea Ecuatorial.

Para tomar esta decisión, el Gobierno se basó en informes elaborados por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), en los que se aseguraba que las presencia de Moto en España era "un riesgo para el país" y en los que se consideraba probado que el líder opositor había participado en "una serie de actividades de planificación y organización de actos violentos en Guinea", que incluían "la recluta de mercenarios y el tráfico de armas".