El auto dictado por el magistrado instructor requiere al acusado que preste fianza por importe de 350.000 euros para cubrir las posibles responsabilidades civiles. Además, acuerda mantener su situación de prisión provisional, que ya fue ratificada el pasado 26 de noviembre.

De la investigación se desprenden indicios que apuntan a que Jorge Ignacio P.J. introdujo presuntamente, sin contar con su consentimiento, cocaína en los genitales de las mujeres cuyos servicios sexuales había contratado, lo que provocó a muchas de ellas “pérdida de conocimiento” o “diversas alteraciones psíquicas o físicas”.

“El investigado reiteró esas prácticas sexuales conociendo sus consecuencias letales y asumiendo el posible fatal resultado que derivó en el fallecimiento de tres de sus víctimas”, concreta la resolución judicial.

Dichas prácticas se produjeron en un periodo inferior a un año y medio, entre el verano de 2018 y el 7 de noviembre de 2019, fecha en la que falleció, en una vivienda de la localidad de Manuel, la última de las perjudicadas, cuyo cadáver no ha sido aún localizado.

La Fiscalía y las acusaciones personadas en la causa sostienen que los hechos pueden ser constitutivos de tres delitos de homicidio o asesinato, así como de diferentes delitos de lesiones o asesinato en grado de tentativa, contra la salud pública, abuso o agresión sexual y contra la integridad moral.