La juez acordó el pasado 31 de julio la remisión del caso a la sala para su enjuiciamiento, pero hasta ahora no había podido enviarse a los magistrados porque Teresa Palacios debía recopilar antes, como establece la ley, los correspondientes escritos de acusación y de defensa de las distintas partes personadas.

Según las mismas fuentes, en esta causa hay un total de 95 partes personadas, 60 de las cuales ejercen la acusación. Además, el caso, cuyo juicio todavía no tiene fecha, estaba pendiente de que se resolvieran una serie de recursos que habían presentado diversos letrados.

Fue en mayo de 2005 cuando la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional dictó auto de apertura de juicio oral contra Antonio Camacho, dueño de la agencia de valores Gescartera, y contra otras 13 personas más.

Entre los que se sentarán en el banquillo de los acusados se encuentran Antonio Camacho, Pilar Giménez-Reyna (presidenta de Gescartera y hermana del ex secretario de Estado de Hacienda Enrique Giménez-Reyna), José María Ruiz de la Serna, apoderado de la citada agencia de valores, y Aníbal Sardón, responsable de la Asesoría de Gestión de Patrimonios (AGP).

La magistrada estableció en su auto que el juicio oral se celebre por un delito continuado de apropiación indebida y/o estafa, y por delitos continuados de falsedad.

Según el escrito de acusación, presentado en abril de 2005, la Fiscalía Anticorrupción pide que el principal imputado en esta causa, Antonio Camacho, dueño de la citada agencia de valores, sea condenado a 11 años de prisión, pena que también solicita para José María Ruiz de la Serna por apropiación indebida y un delito continuado de falsedad.

Para Aníbal Sardón pide 11 años y 5 meses de prisión por apropiación indebida y dos delitos continuados de falsedad documental. Para Pilar Giménez-Reyna solicita 8 años de cárcel por apropiación indebida.

El fiscal también acusa a la mujer de Antonio Camacho e hija del ex cantante Jaime Morey, Laura García Morey, para quien el fiscal pide 6 años de prisión por apropiación indebida.

LUCRARSE DEFRAUDANDO

Para el fiscal, "los acusados crearon y/o desarrollaron una actividad claramente dirigida a lucrarse defraudando a sus clientes mediante la constitución de diversas sociedades".

Así, pusieron en práctica "un sistema operativo fraudulento que les iba a permitir hacer suyo el dinero o valores entregados por aquellos manteniendo, con parte de ese mismo dinero, el sistema o montaje que ficticiamente daba garantía de solvencia al grupo societario de Gescartera".

De esta manera, según el Ministerio Público, se conseguía que el grupo societario Gescartera fuera "más atractivo a los ojos de sus futuros clientes, lo que, a su vez, permitía a los acusados apoderarse de sucesivas remesas de dinero o valores de nuevos clientes a modo de un carrusel o 'cadena sin fin' defraudatoria que afectó a una masa de clientes que incluyendo los ficticios ascendería a unos 4.005 clientes con un total de 8.356.069.937 pesetas".