El editorial considera "difícilmente comprensible la postura de la dirección de la Asociación Profesional de la Magistratura", cuando "la negociación con el Ministerio de Justicia sigue abierta y con avances tangibles".

También juzga "incoherente sostener una pretensión de huelga ahora que la situación ha dado un giro radical, al menos en cuanto al modo y las formas, con respecto a la que existía con el anterior equipo ministerial".

El texto denuncia que la actitud de la APM es especialmente irresponsable "en unos momentos tan difíciles para la ciudadanía" como los de la actual crisis económica, donde se "reclama de nosotros, jueces y magistrados independientes y sometidos al imperio de la ley, un mayor esfuerzo a la hora de dar una respuesta ágil y justa a sus problemas".

JpD se ratifica en su "inexorable compromiso con un discurso progresista y de izquierdas" y, en este sentido, estima que la crisis "y la desconfianza que ha generado hacia los agentes del mercado deben conducir necesariamente hacia un reforzamiento de las estructuras públicas".

No obstante, el editorial del "Boletín informativo" de julio envía también un reproche al Gobierno por las reformas de la Ley de Extranjería y la Ley de Asilo, "que pretenden recortar los derechos de los más necesitados" en un momento en que "la brecha entre los países ricos y los pobres se agranda y se multiplican las agresiones a los derechos humanos en multitud de conflictos interesadamente olvidados".