A juicio de esta asociación de magistrados, "constituye una evidente irresponsabilidad la manifestación del señor Corcuera de que dará las oportunas instrucciones a las fuerzas de seguridad del Estado para que falseen los atestados policiales en los casos de pruebas prefabricadas, lo que viene a suponer una inducción al elito impropia de quien desempeña tan alto cargo y una incitación a la creación de espacios de impunidad policial".

"Considerar la presunción de inocencia consagrada en la Constitución como un derecho fundamental y una garantía procesal como algo maleable en función de una mal entendida eficacia policial, significa la anulación del Estado de derecho y el retroceso hacia formas de Estado policial", agrega la nota.

En opinión de Jueces para la Democracia, la distinción que hace el ministro entre juces que colaboran con la policía y quienes no lo hacen, revela "un total desconocimiento y desprecio de la función que desempeña el Poder Judicial en un Estado de derecho".

Seguidamente, la asociación recuerda que "no se trata de que los jueces colaboren con los policías, sino que son éstos los que deben estar a disposición de aquellos en la investigación de toda clase de delitos".

Jueces para la Democracia considera que la seguridad ciudadana "es un bien necesario para la convivencia democrática pero que no puede lograrse con la anulación o deterioro de libertades o derechos fundamentales del ciudadano".

"Las manifestaciones del señor Corcuera al revelar su escasa comprensión y falta de sensibilidad por los valores y principios del Estado de derecho", continúa el comunicado, "unidas a sus inadmisibles descalificaciones de las opiniones discrepantes, hacen preocupante su continuidad al frente de un área de gestión tan importante como es el Ministerio del Interrior y de tanta incidencia a los erechos y libertades individuales".

En consecuencia, el Secretariado de Jueces para la Democracia concluye pidiendo la dimisión o el cese de José Luis Corcuera.