La juez Soledad Rodríguez Jurado ordenó el pasado domingo la prisión preventiva sin fianza para el ginecólogo, por entender que las declaraciones que efectuó al salir de la cárcel, después de que el Gobierno le indultara de su condena or realizar un aborto, eran constitutivas de un delito de desacato a la autoridad.

"Jueces para la Democracia" considera que dichas declaraciones, en las que Sáenz de Santamaría afirmó que el aparato judicial andaluz es "un cáncer para la democracia", son "injustas, desproporcionadas e innecesariamente violentas".

Sin embargo, añade el comunicado, "el supuesto delito de desacato no justifica una medida tan grave como la prisión preventiva(...) Sería lamentable que alguien pudiera llegar a pensar ue los jueces se empeñan en hacer buenas las injustas opiniones del señor Sáenz de Santamaría".

Por su parte, Antonio Gil Merino, portavoz adjunto de "Jueces para la Democracia", explicó a Servimedia que "no queremos que se entienda nuestro comunicado como una aprobación de la conducta de Sáenz de Santamaría".

"Entendemos", añadió, "que si el Ministerio Fiscal le acusa de haber cometido un delito, entonces deberá ser juzgado y habrá que esperar a la sentencia que se dicte. Lo que pensamos es que n delito de esta naturaleza no debe tener como consecuencia la prisión condicional".

Antonio Gil Merino afirmó que "la privación de la libertad antes del juicio es una medida excepcional que sólo se debe adoptar en dos casos: cuando se trate de un delito muy grave o cuando haya una posibilidad razonable de que el denunciado pueda escapar. En nuestra opinión, aquí no se da ninguno de estos dos casos".

Por ello, "Jueces para la Democracia", asociación a la que pertenece la propia juez Soledad Rodríuez, aunque ayer solicitó la suspensión de su militancia según ha confirmado Gil Merino, recuerda que "deplora" el nuevo encarcelamiento de Sáenz de Santamaría.

LA NECESIDAD DEL JURADO

La asociación judicial aprovecha también esta ocasión para reivindicar la instauración del Jurado. "Insistimos, una vez más", precisan los autores de la nota, "que no somos los jueces los más indicados para enjuiciar conductas que nos afectan personal o corporativamente. Reiteramos la necesidad de implantación del Jurdo, especialmente en esta clase de delitos, cuya subsistencia en el Código Penal con sus actuales características, debiera ser revisada por el legislador".

Según Antonio Gil Merino deben ser "los propios ciudadanos los que valoren si los ataques a los jueces, si las calumnias o injurias que se les dirigen, merecen ser condenadas como delitos".

"Este es un caso en el que al juez se le pone en una situación difícil", recalcó Gil Merino, "porque tiene que valorar los ataques contra un compañero, conlo que se convierte en juez y parte. Por ello, queremos que haya jurado, aunque, a pesar de las declaraciones que se siguen haciendo desde el área gubernamental, no se ve ni en el horizonte más lejano que el Jurado vaya a llegar a nuestro sistema judicial".