Así lo aseguró hoy en una rueda de prensa en Madrid el presidente de la asociación El Refugio, Nacho Paunero, quien expuso datos facilitados a esta organización por Adolfo Prego, vocal del Consejo General del Poder Judicial.

Según estos datos, la comunidad donde más asuntos judiciales se han puesto en marcha es Castilla-La Mancha, con 58, seguida de Madrid (40), Cataluña y País Vasco (39) y Castilla y León (34).

Por el contrario, la Comunidad Valenciana aún no ha iniciado ningún procedimiento, La Rioja tiene un caso penal y en Navarra se han puesto en marcha dos asuntos judiciales.

Paunero explicó un caso relacionado también con la violencia en el hogar que acabó con una sentencia condenatoria con pena de cárcel: en un juzgado de Santander se condenó a un ciudadano con tres meses de prisión porque, después de amenazar de muerte a su mujer y a sus hijos, mató a una perra pequeña e intentó ahorcar a un perro de raza rottweiler, que no se ahogó porque uno de los hijos le descolgó de la horca.

Por otro lado, el Juzgado de Menores de Guadalajara impuso ocho meses de libertad vigilada a varios menores de edad que capturaron un gato propiedad de una vecina, le ataron las cuatro patas, le introdujeron en un cubo, le rodearon con petardos, le seccionaron las orejas y el rabo, le arrancaron los ojos, le abrieron el vientre con una cuchilla y, tras extraerle las tripas, se las ataron alrededor del cuerpo.

Además, hoy se cumple un año del rescate de 154 perros que varias asociaciones protectoras madrileñas realizaron en la urbanización Eurovillas, en el municipio de Villar del Olmo, y en Valdemingómez (Vallecas Villa).

A este respecto, el Juzgado de Instrucción número 2 de Arganda del Rey inhabilitó a dos ciudadanas para la tenencia de animales domésticos, ya que almacenaron en una nave a muchos perros y los tenían en unas condiciones deplorables.

Sin embargo, Paunero explicó que "la realidad es que, a pesar de los 321 procedimientos penales existentes, en aisladas ocasiones se han impuesto penas de cárcel por el delito de maltrato" y añadió que "falta conciencia social de que se pueda condenar a una persona que maltrata a un animal".

Paunero lamentó que actualmente "cuesta condenar" con penas de prisión a quienes maltraten animales domésticos y que los jueces se decantan más por sentencias por falta "cuando realmente estamos ante delitos".

Además, indicó que en la mayoría de los casos denunciados las condenas se resumen a una multa cuando hay ejemplos de malos tratos graves, con lesiones e incluso muertes de perros y gatos.