Joé Luis González Armengol, portavoz de la asociación de jueces Francisco de Vitoria, dijo a Servimedia que "una persona en concreto no puede ser óbice o el gran problema para que se llegue a alcanzar un pacto en justicia por parte de todas las fuerzas políticas".

Añadió que la actuación de Cardenal puede ser afortunada o desafortunada, pero precisó que mientras sea el Ejecutivo el que lo nombre será un "satélite" de éste.

Sobre el discurso de José Maía Aznar en materia de justicia, González Armengl indicó que éste se desarrolló en líneas muy generales, sin profundizar lo suficiente y sin ofrecer grandes novedades, por lo que pidió al presidente del Gobierno que sea más concreto en sus propuestas.

A su juicio, una de las cuestiones más importantes y que ha sido reivindicada por la carrera judicial es la modificación de las leyes procesales. Se refirió también a las inversiones en materia judicial, cuyo presupuesto debería adaptarse, en su opinión, a los parámetros europeos.

El portavoz de ueces para la Democracia (JPD), Ricardo Bodas, dijo, en declaraciones a Servimedia, que el planteamiento de Martínez Noval responde a la "búsqueda de gestos", los cuales, indicó, tienen importancia en política.

"Es evidente que la gestión del señor Cardenal en este periodo no ha sido especialmente brillante, y desde luego no sería malo que dimitiera y si no dimite, que se le cese para abrir una etapa nueva. Otra cuestión es que, evidentemente, eso no puede frenar en absoluto el Pacto de Estado", remaró.

Respecto al discurso de investidura, el portavoz de JPD apuntó que la situación de la justicia exige un Pacto de Estado en el que participen tanto las fuerzas políticas como la comunidad jurídica, un acuerdo al que, subrayó, hay que dar cnntenidos, pues "no puede limitarse a ser una frase", sino que "tiene que haber una voluntad olítica de conseguir que en el plazo más breve posible los ciudadanos constaten que la justicia es el servicio público que merecen".

"La propuesta que hizo ayer el preidente del Gobierno nos parece positiva en cuanto a que mantiene su disposición a no aplicar sin más su programa electoral, sino a buscar un consenso en relación con las reformas de la Administración de Justicia, pero hay que decir que en estos momentos las propuestas son absolutamente vagas, más allá de la voluntad de llegar al acuerdo", indicó.

LEY DE RETRIBUCIONES

Bodas echó también de menos que no se haya hablado nada sobre la Ley de Retribuciones a pesar del compromiso del Gobierno anterior y airmó que "sería importante que se tuviera en cuenta este aspecto, sin perjuicio de resaltar que no se trata en absoluto de primar posiciones corporativas".

José Luis Requero, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), manifestó a Servimedia que el PSOE "no está en condiciones de imponer ese tipo de condiciones" ni el fiscal general del Estado es el obstáculo para alcanzar un Pacto de Estado en España sobre la justicia.

"Es una pretensión que no tiene ningún fundamento, que noes seria y que lo que denota, a mi modo de ver, es que por parte del Partido Socialista, con tal de no sujetarse a los requerimientos de un Pacto de Estado, son capaces de cualquier cosa", subrayó.

Requero opinó que el discurso de Aznar en materia de justicia se desarrolló en líneas muy genéricas, sin concreciones, por lo que apuntó que debe integrarse necesariamente con el contenido del programa electoral del PP, que era más concreto y más específico.

Por su parte, el portavoz de la Asociación d Fiscales (AF), Martín Rodríguez Sol, se mostró a favor, en declaraciones a Servimedia, de un Pacto de Estado y agregó que ese acuerdo pasaría por una serie de medidas que garantizaran la efectiva independencia del fiscal general del Estado.

No obstante, matizó que ese hecho no debe ser un elemento básico para alcanzar dicho pacto, que se puede llevar a cabo con este fiscal general o con otro. Además, señaló que el ministro de Justicia debe ser una persona con ideas claras y con capacidad de llevarlasa la práctica.

Finalmente, el presidente de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), Adrián Salazar, declaró a Servimedia que la actuación de Cardenal es "tan nefasta" que sería necesario que dimitiera o fuera cesado para que no continúe deteriorando la institución.

El presidente de los fiscales progresistas dijo también que un Pacto de Estado exigiría importantes medios materiales y reformas estructurales en materia procesal y penal. "Todo el mundo está de acuerdo" indicó. "El problema, evidentemnte, es determinar luego qué contenidos, cómo va a ser la reforma, y en eso es en lo que habrá que entrar en los matices".