Así se recoge en el comunicado conjunto emitido tras la celebración de la junta de jueces de la Audiencia Nacional, que coincidió con el paro de tres horas convocado por los secretarios judiciales para reclamar a las administraciones mejores y más modernos medios para evitar que se repitan casos como el de la niña Mari Luz.

En esta reunión estuvieron presentes los jueces de instrucción Santiago Pedraz, Fernando Andreu, Ismael Moreno, Baltasar Garzón, Eloy Velasco y Fernando Grande-Marlaska, así como el juez de Vigilancia Penitenciaria José Luis Castro y el titular del Juzgado Central de lo Penal, José María Vázquez Honrubia.

Los jueces quisieron mostrar "su rotundo rechazo a las constantes injerencias de los responsables políticos en las facultades disciplinarias que competen exclusivamente al Consejo General del Poder Judicial".

En este sentido, calificaron de "intolerables las indicaciones sobre la sanción concreta que debería imponerse" al juez de Sevilla Rafael Tirado, cuyo juzgado dejó sin ejecutar la condena que pesaba sobre Santiago del Valle, presunto asesino de la niña onubense Mari Luz Cortés.

"Confiamos en que el Consejo General del Poder Judicial esté a la altura de las circunstancias como máximo garante de la independencia judicial", señala el comunicado de los jueces.

Además, consideran que las críticas vertidas por los responsables políticos "pretenden ocultar la responsabilidad del poder político en la secular carencia de medios personales y materiales para afrontar la abrumadora carga de trabajo que soportan los juzgados".

Por último, la junta de jueces de la Audiencia Nacional propuso por unanimidad pedir al CGPJ "la adopción de las medidas adecuadas para garantizar una justicia de calidad" y para evitar "que el actual exceso de trabajo, que resulta inasumible con el personal y los precarios medios asignados, no siga comportando situaciones de riesgo e incluso de lesión para el ciudadano y el profesional".