Así lo recoge una misiva que Jucil envió este lunes a sus asociados y a la que Servimedia ha tenido acceso, donde los representantes se muestran “preocupados por la transparencia y la integridad” de la asociación y consideran que la situación requiere de “una profunda regeneración y medidas urgentes que garanticen la reputación y el buen nombre” de la organización.

En ella, se cuestiona la actividad del exdiputado Miguel Ángel Gutiérrez y su participación en dos reuniones con el secretario general, Ernesto Vilariño y el anterior director general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos.

Denuncia también la falta de “independencia y misión apolítica”, por la que no entienden que el Comité haya contratado a una agencia dirigida por el exdiputado de Ciudadanos Pablo Yánez para llevar la comunicación interna de la asociación.

“Un político que salió rebotado de Ciudadanos al descubrirse como muñidor de una operación para situar a la presidenta de las Cortes de Castilla y León, Silvia Clemente en la presidencia de Ciudadanos en esa región”, denuncia el escrito.

“Yáñez fue el artífice del pucherazo en las primarias que se disputaban Francisco Igea y Silvia Clemente, y acabó con su incipiente carrera política, pero también con la de Clemente, forjada durante décadas”, añade.

En esta línea, denuncia también la contratación de un bufete de abogados “con vinculaciones con el PSOE”, y considera que esto “vulnera el código ético de la asociación y pone en entredicho su sentido apolítico”.

Apunta a que la situación es “insostenible” y que las anomalías ya “han sido denunciadas por más de 20 secretarios provinciales ante la Junta Directiva”, denunciando que esta “ha hecho caso omiso, argumentando que es desproporcionada la documentación” que solicitan.

Así, señala que la demanda de transparencia efectuada recientemente por Jucil a la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, “muestra cierta hipocresía” y acusa al Comité Ejecutivo Nacional de no hacer “uso de la claridad en su gestión diaria”, sobre todo “en cuanto a las decisiones económicas”. Además, lamenta que la petición de la asamblea extraordinaria para resolver los “gastos supuestamente irregulares efectuados por Vilariño” no se vaya a celebrar antes del 10 de marzo.