A través de un comunicado, Jucil valoraba así el informe de la Guardia Civil, conocido esta semana, que apunta que desde 2019 existió un canal de comunicación directa entre los reclusos de la banda terrorista e Instituciones Penitenciarias.

Estas comunicaciones han salido a la luz al analizar la Benemérita las comunicaciones intervenidas a cuatro detenidos de la 'Operación Kabat', llevada a cabo en febrero de 2020 y en la que se actuó contra personas que promovían actos de enaltecimiento del terrorismo. Los arrestados -entre los que se encontraba José Antonio López Ruiz, alias 'Kubati'- habían organizado y coordinado cerca de un centenar de homenajes a miembros de ETA.

“AUTÉNTICA DESVERGÜENZA”

A este respecto, Jucil reclamó a Interior “una rápida aclaración sobre el contenido de este informe”, al tiempo que anunció que “en caso de que se confirmase el mismo, acudiremos ante la Justicia para reclamar las oportunas responsabilidades”.

Para estos agentes, constituye una “auténtica desvergüenza” que los presos etarras puedan recibir beneficios penitenciarios antes de que “se haya resarcido a las víctimas” de los atentados en los que participaron estos terroristas.

Además, esta asociación destacó la gravedad que tendría que se confirmase, como dice el informe de la Guardia Civil, que desde Instituciones Penitenciarias se dio a conocer por anticipado a presos de ETA los planes que tenía sobre ellos el Gobierno. Para Jucil, “supondría una grave situación de agravio, segregación y discriminación” de las víctimas del terrorismo “frente a sus verdugos”.