El secretario de Acción Sindical de UGT-Madrid, Miguel Angel Abejón, explicó, en rueda de prensa, que la propuesta de UGT es que este coeficiente se reduzca del 8 al 4 por ciento, de manera que un trabajador que se jubile a los 60 años cobraría de por vida el 80 por ciento de la pensión que le correspondería a los 65, en lugar del 60 por ciento con que se queda actualmente.

Abejón afirmó que UGT llevará esta revindicación como "prioridad absoluta" a la negociación del acuerdo de pensiones en el nuevo Pacto de Toledo, al tiempo que señaló que España cuenta con "una situación totalmente injusta y desconocida a nivel europeo" en la aplicación de los coeficientes reductores.

"Hay cada vez más trabajadores que, de manera no voluntaria, a los 60 años están forzados a la jubilación. Si aplicamos el coeficiente del 8 por ciento a un trabajador que se jubila a los 60 años, perdería el 40 por ciento de su pensión. Po tanto, son cuestiones importantes que afectan a todos los trabajadores", subrayó.

Por su parte, las organizaciones de jubilados y prejubilados admiten que los que dejan de trabajar a los 60 años cobren el 60 por ciento de lo que les correspondería a los 65 años por haber cotizado a la Seguridad Social, pero exigen que el coeficiente reductor del 8 por ciento se vaya eliminando progresivamente hasta alcanzar los 65 años, momento en el que cobrarían el 100 por cien de la pensión.

El presidente de a Federación de Jubilados y Prejubilados del País Vasco, Iñaki Vicente, echó la culpa de esta situación a "la reconversión industrial gravosa, salvaje e incoherente de los últimos años" y la calificó de "injusta", ya que "hoy el Estado español paga igual a una persona que ha trabajado 35 años y se jubila a los 60 que a otra que haya cotizado durante 17 años y se jubile a los 65".

Por otro lado, José Villarroel, presidente de la Asociación de Jubilados, Prejubilados y Pensionistas de la Comunidad de Marid, insistió en que la nueva negociación del Pacto de Toledo incluya la figura legal del prejubilado, con el fin de regular a unos 250.000 afectados en toda España, según sus cálculos, que actualmente no figuran como prejubilados, sino como parados.