Durante un encuentro informativo, Moreno recordó que Doñana es un parque nacional con un parque natural y un preparque, con una extensión “grandísima” con un “alto nivel de protección”. Por tanto, “nadie puede atracar el parque sin que termine prácticamente en la cárcel”.

Moreno apuntó que el parque, a lo largo de su vida, ha ido teniendo sus propias correcciones y ha habido una zona, que es la corona norte, donde ha habido una serie de agricultores que han ido trabajando durante muchas décadas “en zonas que no tienen ningún nivel de protección, porque si no, no lo podrían hacer”.

En esa zona, que no es ni parque nacional, ni parque patural ni preparque, explicó el presidente, en el año 2014 “se hizo una regularización por parte del PSOE en la que dejó, por falta de interés, a una parte de esos agricultores sin arreglar y sin regularizar”.

El responsable de la Junta de Andalucía remarcó que alrededor de 700 hectáreas “se quedaron en tierra de nadie”, con unos agricultores a los que “les iban cayendo sentencias que les iban llevando a la ruina”.

Ante esta situación, Moreno defendió que el Gobierno de Andalucía lo que decidió básicamente fue hacer una ley que permita ordenar esa zona de 700 hectáreas, “con la absoluta prohibición de que pudieran extraer agua del subsuelo”, sino que “solo pueden regarse mediante agua en superficie” a través de una ley aprobada por Sánchez en 2018 y que “no ha movido ni una coma en estos cinco años”.

El presidente autonómico justificó que su Gobierno decidió hacer un proyecto de ley, que decayó por la disolución del Parlamento de Andalucía, por lo que lo llevaron a su programa electoral “para no engañar a nadie” y que los ciudadanos valorasen. “Una vez que lo llevamos en el programa electoral, lo ponemos en marcha”, apostilló.

Moreno recalcó que se está hablando de ordenar 700 hectáreas de un parque que tiene 122.000. Por ello, “quién me puede decir que 700 hectáreas ponen en riesgo el Parque Nacional de 122.000 hectáreas”, se preguntó.

A pesar de ello, el presidente regional lamentó que intentaron tener cuatro o cinco reuniones bilaterales con el Gobierno de España para que, “si ellos tenían una solución, que nos la trasladen”, pero “no fue posible”. “Solamente la amenaza, la callada, la mala educación y el insulto fueron los únicos instrumentos que se usaron por parte del Gobierno central”, criticó.

Moreno comentó que el proyecto sigue su marcha en el Parlamento, donde “está abierto a todas las enmiendas, modificaciones o ampliaciones que quieran”. Por tanto, “estamos dispuestos a dialogar y a que alguien que tenga un ángulo de visión distinto al nuestro pueda aportar luz para hacer frente mejor a los problemas”.

En este sentido, remarcó que “lo que no vamos a consentir es ni una mentira más, ni una injerencia más, y ni un insulto más”, porque “hemos sido testigos de cómo altos representantes del Gobierno nos han llamado, incluido a mí, terrorista medioambiental, golfo, una serie de insultos más”.

Por ello, concluyó diciendo que si tienen una propuesta mejor que la suya, está dispuesto a escucharla y dialogarla, pero “a través del insulto no se puede llegar a nada que sea positivo”.