A través de un comunicado, el Secretariado de JpD aseguró que las manifestaciones en este sentido de miembros del Ejecutivo son rechazables "desde la más elemental asunción de la regla constitucional de distribución del poder".

Esta asociación de jueces valoraba así que hayan pedido mayor sanción para el juez Tirado tanto la vicepresidenta María Teresa Fernández de Vega como el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo.

Según JpD, es "inaceptable" que los miembros del Ejecutivose inmiscuyan "de forma reiterada" sobre "cómo otro poder del Estado debe ejercer las funciones que la Constitución le reserva de manera exclusiva".

En opinión de este colectivo de jueces, las manifestaciones de Fernández de la Vega y Bermejo "traslucen una preocupante concepción sucursalista del Gobierno judicial, ahondando en la percepción social de dependencia política del CGPJ".

"Del mismo modo", añadió JpD, "resulta rechazable la instrumentalización del asesinato de una niña para trasmitir un mensaje que, bajo apariencia de empatía social, sólo busca eludir las responsabilidades políticas sobre un estado general de patológica burocratización de la justicia española, respecto de la cual mucho tiene que decir el poder ejecutivo".