Sevilla explicó que este régimen especial para Madrid no se debe a una situación de "privilegio o diferenciación" con respecto a los demás municipios, si no al hecho de que los ciudadanos de la capital han de afrontar dificultades cualitativa y cuantitativamente distintas, que afectan "a la calidad de vida y a la cohesión social".

Por estas razones, el ministro defendió la necesidad de establecer "soluciones específicas" que den respuesta a las necesidades derivadas de la capitalidad y que desarrollen el estatus especial que la Constitución ya reconoce a Madrid en su artículo 5.

Tras estas explicaciones generales, Sevilla pasó a detallar en qué se va a traducir, en la práctica, esta Ley de Capitalidad de Madrid, como en la creación de la Comisión Interadministrativa de Capitalidad, que será un órgano de cooperación entre las administaciones local, autonómica y estatal.

Esta comisión tratará materias relacionadas con la capitalidad, como la seguridad ciudadana o la celebración de actos y eventos de carácter general.

Sevilla señaló que la nueva ley delimita más claramente las competencias entre administraciones y dará participación al ayuntamiento en la gestión de infraestructuras, servicios y equipamientos que, hasta ahora, han sido titularidad del Estado.

El ministro concluyó diciendo que el nuevo texto legal representa "un avance del municipalismo" que profundiza en "la capacidad de autogobierno" de la ciudad, de forma que "Madrid podrá afrontar con mayores garantías los importantes retos que el futuro le deparará".