Rodríguez estaba citada a las 11.00 horas y obligada a responder a las preguntas al no estar imputada en el sumario que sobre esta causa se instruye en el Supremo, donde la joven declaró como testigo el 27 de abril. El presidente de la comisión, el popular Eloy Suárez recibió el parte apenas unos minutos antes de que diera comienzo la sesión y en nombre del PP anunció que pedirán que se investigue la veracidad del parte de salud.

El Partido Popular consideró que la comparecencia "debe ser aplazada y no suspendida" por lo que volverá a remitir un escrito para llamar a Rodríguez a declarar. Así lo comunicaron sus senadores asegurando que registrarán de nuevo la comparecencia para que acuda "cuando sus circunstancias médicas lo permitan", señaló Alejo Miranda.

Rodríguez alegó motivos de salud para no acudir este lunes. Según ha podido saber Servimedia por fuentes conocedoras, en el parte se especifica que no es "dolor físico" por lo que podría estar varias semanas de baja médica.

Desde el PP criticaron que Rodríguez enviase el escrito "en el último minuto" antes de celebrarse la sesión y, por ello, el senador Miranda anunció en su turno de alegación que su formación solicitará "una verificación del escrito, informe o parte médico presentado y que se les haga llegar a los grupos o se les muestre".

Así, aseguró que el PP acatará "lo que digan los letrados", pero les sorprende que el escrito llegase "en el último minuto" porque, en su opinión, "se podría haber avisado con anterioridad".

"Ojalá no se haya reducido por presiones y coacciones, ni contraprestación, ni por la trama, ni por ningún miembro del Gobierno. Esperamos que no haya habido nada de eso porque estaríamos contra un hecho grave y la vulneración de derechos constitucionales", advirtió Miranda.

El dirigente consideró "imprescindible" su comparecencia porque "es una persona que ha recibido salarios públicos de empresas para las que no ha llegado a ir a trabajar". "Un salario en especie que proviene de una trama corrupta y porque es preciso conocer de dónde salían los gastos en los viajes en los que acompañaba a Ábalos", apostilló.

Desde el PSOE se insistió al senador del PP que "si tiene pruebas de estas últimas acusaciones le invitamos que vaya a los tribunales, y si no los tiene el que va a ir a los tribunales es usted", aseguró el senador Gil.

Rodríguez, que mantuvo una relación con Ábalos entre octubre de 2018 y noviembre de 2019, e iba a ser interrogada por diversos aspectos, entre los que está su contratación en las empresas públicas Ineco y Tragsatec; los viajes oficiales al extranjero en los que acompañó a Ábalos; y el piso en la Plaza de España de Madrid cuyo alquiler presuntamente pagó la trama vinculada a Víctor de Aldama.

A estas cuestiones, debería responder y a lo que se le plantee, ya que no está imputada en ningún procedimiento judicial, lo que implica que no puede acogerse al derecho a no declarar ante la comisión del Senado. Según el artículo 24.2 de la Constitución española y la Ley de Enjuiciamiento criminal, este derecho está reservado a quien está encausado en un procedimiento judicial y cuando los hechos objeto de la investigación parlamentaria coinciden con un procedimiento judicial en curso.

13 VIAJES OFICIALES

La investigación judicial también ha revelado que Rodríguez residió entre marzo de 2019 y marzo de 2022 en un piso de lujo ubicado en Plaza de España (Madrid), cuyo alquiler mensual de 2.700 euros habría sido pagado por una trama vinculada a Aldama. En audios incorporados a la causa, Rodríguez expresó frustración por los impagos del alquiler: "Me llevan tres meses llamándome porque no se están pagando las cosas", lamentó.

Además, la joven acompañó a Ábalos en al menos 13 viajes oficiales entre junio de 2018 y julio de 2021, según un informe remitido por el Ministerio de Transportes al Supremo. Entre los destinos se incluyen ciudades como Moscú, Abu Dabi y Toronto, donde hizo uso de las salas de autoridades en aeropuertos internacionales. Ella misma declaró haber realizado entre "15 y 20 viajes" con el exministro.

Transportes ha reconocido que no tiene constancia sobre quién pagó ocho de esos trece desplazamientos. Tres funcionarios dedicaron numerosas horas a revisar más de 380 expedientes y 17.200 páginas para identificar los viajes, pero no encontraron registros que vinculen los gastos de la joven con fondos públicos ni detalles sobre cómo se sufragaron.