Berejo hizo estas manifestaciones en el seminario sobre "Administración tributaria y derechos del contribuyente", organizado dentro de los Cursos de Verano de El Escorial de la Universidad Complutense de Madrid.

El responsable de la lucha contra el fraude fiscal se mostró partidario de endurecer la legislación para que un mayor número de defraudadores acaben en la cárcel.

Explicó que la mayoría de las penas impuetas por los jueces actualmente son inferiores a un año, lo que posibilita la remisión dela condena prevista para estos casos en el artículo 92 del Código Penal.

Bermejo se mostró totalmente contrario a las amnistías fiscales, por entender que alientan el fraude, si bien aseguró que no puede calificarse como tal la última regularización de impuestos efectuadas por el Gobierno, ya que se trató de "un perdón condicionado al pago, vía compra de deuda pública".

Añadió, además, que quienes regularizaron esta situación por esta vía, están es paz con la Administración, pero no tienen garantzado que no vayan a ser perseguidos por los tribunales si han incurrido en delitos fiscales.

En relación con este punto, indicó que reciente resoluciones judiciales, entre ellas una del Tribunal Supremo, parecen abonar la tesis de que quienes acudieron a la regularización no están excentos de ser juzgados si se descubre su implicación en fraudes como el de las facturas falsas del IVA.

Por otra parte, Bermejo señaló que la Agencia Tributaria dispone de insuficiente personal para perseguir el fraud tributario, especialmente en lo que se refiere a la investigación de las grandes bolsas de ocultación fiscal.

Explicó que hay unidades especiales que están consiguiendo resultados "espectaculares" en sus ámbitos de actuación, por lo que el Plan Estratégico de la Agencia Tributaria prevé su despligue territorial en todas las comunidades autónomas.

Respecto a la Policía Fiscal, aseguró que debe aprovechar la experiencia de los equipos de persecución de delitos económicos con que cuenta los cuerpospoliciales.

Sin embargo, opinó que no sería operativo que dependan órganicamente del Ministerio del Interior y funcionalmente de Hacienda y que es preferible la unidad de mando.

Finalmente, mostró su desaprobación hacia el sistema practicado por administraciones tributarias de otros países, consistente en pactar con los defraudadores el cobro de al menos una parte de lo impagado al fisco.

En su opinión, ese procedimiento puede tener sentido en países donde hay sistemas tributarios consolidads y un alto grado de cumplimiento fiscal, pero no en España, donde, a pesar de los grandes avances realizados, todavía hay "una situación de fraude muy generalizada".

Aseguró que, antes que acceder a que los inspectores recurran a esas prácticas, que calificó de "perversas", prefiere sacrificar los ingresos que potencialmente podrían conseguirse por esta vía.