Esta moción propone que, ante la pérdida de la condición de empresa de titularidad pública del Canal de Isabel II, los ayuntamientos estudien "las consecuencias futuras que de ello se deriven, en cuanto a la posible extinción o modificación de la actual relación existente de los ayuntamientos madrileños con una empresa que cambia sustancialmente su accionariado y naturaleza jurídica".

Además, reclama que "se solicite a la ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, que presente recurso de inconstitucionalidad contra la creación de la nueva sociedad anónima, por suponer una invasión clara de las competencias del Estado y del ministerio que ella dirige, al incumplir la Directiva Marco del Agua".

Gerardo del Val, secretario de política municipal de IU-CM, lamentó a través de un comunicado difundido hoy que "una vez más" el Gobierno del PP en la región privatice un bien público de máxima necesidad social por "haber endeudado a la Comunidad de Madrid hasta límites insostenibles".

Además, Del Val cree que esta operación se hace "paraque el capital privado pueda tener nuevas oportunidades de negocio, mediante la apropiación y mercantilización de bienes públicos, en este caso en un sector en el que los ingresos están garantizados por el consumo de los más de seis millones de ciudadanos madrileños".

"El Canal de Isabel II es un empresa pública que ofrece plenas garantías de servicios y cuyos retos no son para IU-CM otros que la mejora constante de la calidad del servicio público, sobrando por completo cualquier intervención privada en la gestión de un bien esencial y estratégico como es el agua", señala Del Val.

Para IU, la privatización del Canal de Isabel II perjudicará a los consumidores y traerá graves consecuencias ambientales y sociales, sin aportar a cambio ningún beneficio para el interés de los ciudadanos madrileños.