Según la coalición izquierdista, las viviendas de carácter social son vendidas, alquiladas, rvendidas y realquiladas sin que medie contrato alguno y sin la correpondiente autorización de la Administración, pese a estar prohibido el cambio del titular.

El destinatario de una vivienda de promoción pública que se desprenda de ella mediante la venta o cesión pierde todos los derechos sobre la morada, al igual que los nuevos titulares, hecho que posibilita el tráfico ilegal de la vivienda.

Así, los narcotraficantes compran viviendas por cantidades que oscilan entre las 500.000 y el millón de esetas para establecer, preferentemente en barrios marginales, su lugar de distribución de drogas.

No obstante, los traficantes no usan las viviendas como lugar de residencia y así se dan casos como el de un matrimonio detenido el pasado fin de semana por la policía malagueña, que utilizaba un piso de la barriada de García Grana para la venta de cocaína y heroína, mientras que tenía su residencia oficial en un lujoso apartamento de Torremolinos.

Según la información facilitada por IU, los "narcos tienen en estos barrios marginales una red logística de apoyo, con unos "centinelas" que vigilan el acceso a las viviendas y otras personas encargadas de captar consumidores y llevarles hasta el lugar de venta.

Por este motivo, la coalición ha presentado al Gobierno Civil de Málaga una serie de propuestas para erradicar la venta de drogas en los barrios marginales, en las que culpa a los poderes públicos de facilitar estas acciones delictivas por no cumplir las tareas de vigilancia adecuadas sobre la viviendas de carácter público.