La Mesa de la Cámara Baja decidió en su última reunión antes de las vacaciones parlamentarias, el pasado martes, prolongar hasta el 1 de febrero el plazo de enmiendas a esta propuesta, presentada por ERC pero registrada anteriormente por Izquierda Unida.

Una vez zanjada la polémica por la autoría de este proposición de ley, elaborada y presentada la pasada legislatura por IU y que ya con mayoría socialista ha registrado ERC con idéntico contenido, IU respaldó la toma en consideración de una iniciativa de la que se siente "responsable".

No obstante, la formación que lidera Gaspar Llamazares resalta que, desde su redacción original, el tiempo y las situaciones concretas obligan a proponer una serie de enmiendas que mejoran el texto y endurecen el control en relación tanto al dinero público como el proveniente de otras fuentes que reciben las formaciones políticas.

IU explica que realiza estas propuestas "desde la autoridad moral y política que da el no haber recibido condonaciones de los bancos, tal y como reflejan los sucesivos informes del Tribunal de Cuentas, frente a los casi 18 millones de euros ‘ahorrados’ por este concepto por el PSOE o los casi 3 millones del PP, tan sólo entre 1993 y 2002".

Además, la coalición contabilizó en este periodo unas donaciones que no llegaron a 300.000 euros, frente a los 17,5 millones de euros del PP, los más de 12 millones de CiU o los casi 2 millones del PSOE, cantidades, añade, que "no admiten comparación".

"La libertad en el ejercicio de su actividad de los partidos, proclamada constitucionalmente, quedaría empañada si se permitiera como fórmula de financiación el modelo de liberalización total", explica. "De ser así, siempre resultará cuestionable la influencia que, en una determinada decisión política haya podido ejercer un ‘patrocinador’ del partido, en demérito de los electores o incluso de los afiliados".

MENOS GASTO EN CAMPAÑAS

Por ello, el Estado debe garantizar el acceso de los partidos a operaciones de crédito para gastos electorales en condiciones no discriminatorias, y cualquier modificación de las condiciones de la deuda con las entidades de crédito se debe ser comunicada al Tribunal de Cuentas y al Banco de España para que emitan un informe.

Asimismo, considera que deben establecerse límites al gasto electoral, para lo que propone una racionalización y reducción de los "gastos partidistas en las campañas"; y pide que se mejore el control y publicidad de las aportaciones privadas, se prohíban las anónimas y se incremente la transparencia de la actuación de los partidos, federaciones, coaliciones y agrupaciones de electores.

También quiere que se establezcan obligaciones contables y de control y fiscalización de los recursos públicos que puedan recibir los partidos, así como reforzar las sanciones derivadas de su incumplimiento, para lo que se debe aumentar la capacidad investigadora y auditora del Tribunal de Cuentas, que ha de tener la posibilidad de revisar las cuentas bancarias.