En dicho pleno, celebrado el 29 de julio de 1988, los concejales del PSOE, entonces en el poder, y los del PP aprobaron, con el oto en contra de IU y del CDS, el estudio de detalle de la zona.

Según el planeamiento autorizado, la corporación otorgaba a la empresa constructora Urbanor un coeficiente de edificabilidad superior al máximo fijado en el Plan General de Ordenación Urbana.

De este modo, Kio tuvo vía libre para construir 2 edificios de 25 plantas para oficinas y 3 inmuebles de 10 plantas destinados a viviendas, cuyo volumen, unos 125.000 metros cuadrados, casi triplicaba, descontando los terrenos dedicados a espacos libres, lo permitido por el Plan General.

La sentencia emitida el pasado 24 de octubre por la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia considera que dicho acuerdo municipal no se ajusta a derecho, por lo que "lo anulamos", dice el escrito.

Francisco Herrera, portavoz de IU, formación que interpuso el recurso contencioso-administrativo contra dicho acuerdo municipal, aseguró hoy que si el equipo de gobierno no paraliza las obras, "actuaremos jurídicamente contra el ayuntamiento ara exigir responsabilidades por esa actuación ilegal".

Asimismo, indicó que la coalición solicitará a la corporación que redacte un nuevo estudio de detalle de la Plaza de Castilla, "que se ajuste a la ley, ya que Urbanor está edificando unas torres que no tiene derecho a construir".

El nuevo estudio de detalle supondrá, según Herrera, que la corporación reduzca el volumen de edificabilidad que la empresa puede hacer en la zona, lo que, dado el estado actual de las obras, podría significar el deribo de algunas de las plantas construidas ya en las torres, o incluso de una de las torres, si sobrepasan los límites fijados en el planeamiento urbanístico.

El portavoz de IU precisó que, en ese caso, el ayuntamiento y la empresa constructora del proyecto Puertas de Europa pueden llegar a un acuerdo para pactar un convenio y ajustar las construcciones a la ley.

INDEMNIZACION

No obstante, señaló que en el caso en que Urbanor no quiera llegar a un convenio con la Casa de la Villa, puede reclama a la corporación una indemnización por los perjuicios que le cause la modificación del estudio de detalle inicial.

En ese caso, IU exigirá que, en vez del consistorio, sean los concejales del PSOE y PP que aprobaron en 1988 el planeamiento urbanístico de la Plaza de Castilla los que indemnicen, ya que "tendría gracia que nosotros, como contribuyentes del Ayuntamiento de Madrid, tuviésemos que pagar una cuota para indemnizar un acuerdo que impugnamos", añadió.

Herrera, quien calificó el pleno de ulio de 1988 como el final de la gestión democrática del urbanismo madrileño y el momento en que los grandes grupos inmobiliarios se adueñan de la ciudad, indicó que a pesar de que sea modificado el estudio de detalle inicial, su formación votará en contra.

"No lo impugnaremos jurídicamente si se ajusta a derecho, pero nos opondremos, porque en ese lugar no debería construirse ninguna torre, que concentran la edificabilidad, sino una operación de ciudad", afirmó.

En opinión de Herrera, con esta sntencia el ayuntamiento se encuentra con un problema gravísimo porque cuando otorgó las licencias de construcción a Kio, dio un derecho a un privado, y retirarlo va a costar mucho dinero de indemnización.

Recordó que todavía están pendientes de sentencia las impugnaciones que también hizo IU contra el proyecto de compensación de la zona, el proyecto de urbanización interior y la concesión de las cinco licencias de construcción, aprobados todos por el equipo de gobierno de centro derecha.

Herrera e volvió a referir a la concesión de las licencias, efectuada el 23 de febrero de 1990, como un golpe de Estado, realizado con premeditación y nocturnidad, y tan chapucero como el de Tejero.

Por último, el portavoz de IU indicó que el ayuntamiento puede recurrir la sentencia en el Tribunal Supremo, pero, a su juicio, mientras tanto no deben continuar las obras. "Si no las paralizan sería una actuación de locos", concluyó.

Por su parte, el presidente de la Asociación Familiar del Barrio de San Critóbal, Julio Prieto, entidad que junto a IU se opuso desde el comienzo a la construcción de las torres, afirmó a Servimedia que esta sentencia da la razón a los vecinos, que "siempre denunciamos que el proyecto era ilegal".

Prieto mostró su satisfacción por esta sentencia y manifestó que "desde el principio dijimos que eran terrenos públicos y no debería habérselos vendidos a Urbanor".