En su solicitud, entregada hoy por el coordinador general, Gaspar Llamazares, IU argumenta que la Ley aprobada en noviembre de 2003 vulnera diversos derechos fundamentales.

Se refiere concretamente a los aspectos relacionados con la cesión y acceso a datos de carácter persoal, las garantías jurídicas en los procedimientos administrativos, los procesos de devolución y expulsión, los centros de internamiento y la obligación de presentación personal de las solicitudes.