La solicitud se producedespués de que la jueza Pilar Llorente, instructora del "caso Ollero", inculpara ayer al ex jefe del servicio de seguridad de la Junta, Manuel Gutiérrez Copado, por presuntos delitos de cohecho y falsedad de documento mercantil.

Además, Gutiérrez fue acusado en la noche del miércoles de un tercer delito, relacionado con supuestas irregularidades en las adjudicaciones e informes técnicos que realizó durante las elecciones autonómicas de 1990 con la empresa Inpiasa de Jaén. En opinión de su abogado, eso cargos "son totalmente injustificados".

Inpiasa cobró en su momento 45 millones de pesetas de la Junta de Andalucía por unos informes que no llegaron a realizarse, según el anónimo que dio lugar al denominado "caso Ollero", que se ha dividido en varias tramas, entre ellas la de Inpiasa.

De acuerdo con las declaraciones de Gutiérrez Copado, la Consejería de Gobernación adjudicó a esta empresa jienense cuatro contratos por un valor total de 101 millones de pesetas.

El jefe de seguridad, que pesentó su dimisión el pasado 28 de marzo, fue el encargado de supervisar estos servicios. Cuatro días después, el 1 de abril, la Consejería de Gobernación cesaba a Gutiérrez Copado de su responsabilidad al frente del departamento de seguridad.

Dos de los cuatro socios de Inpiasa también fueron inculpados de los presuntos delitos de cohecho, falsedad de documento y delito fiscal.