En un comunicado de la formación política, la diputada pretende conocer cuál es la situación en ámbitos como el educativo: cuántos deficientes visuales hay estudiando y en qué ciclos, si existe especialización del profesorado ordinario y un seguimiento por parte de la administración educativa, las tareas de apoyo realizadas por parte de la ONCE y con qué medios cuentan y los convenidos de colaboración firmados con esta organización.

Asimismo, cuál es su nivel de alfabetización y de conocimiento del alfabeto Braille, la capacidad para acceder a bibliotecas con material accesible y a las nuevas tecnologías y las becas y programas de ayudas para la adquisición, por parte de las familias de material tiflotécnico.

En el campo de la investigación, la diputada pregunta sobre los programas de carácter público que se están desarrollando respecto de las diferentes enfermedades que causan la ceguera, cuánto dinero público se destinó a investigación y campañas de prevención y cómo participan las organizaciones representativas de los colectivos de ciegos en ellas.

La situación laboral es otra de las cuestiones que preocupa a la diputada, que también ha preguntado por el porcentaje de población activa con deficiencias visuales, su calidad de empleo, el grado de formación, la cantidad de ellos que trabaja en la administración pública y en empresas del grupo ONCE, las políticas activas de sensibilización y apoyo a la integración laboral que desarrolla la Administración y la información que tienen las empresas de las posibilidades técnicas que existen para que muchos invidentes puedan trabajar en condiciones de igualdad en muchos oficios.

Carme García se ha interesado también sobre los programas en materia de juventud, de ocio desarrollados por la Administración destinados a este colectivo, la existencia de programas para el acceso a la red, la regulación de implantación de programas para cajeros automáticos y el incremento de semáforos sonoros en las poblaciones.

Por último, la diputada pregunta sobre el cumplimiento de una proposición no de ley aprobada en el Congreso en septiembre de 2004 que preveía el acceso al voto secreto de aquellos que tengan alguna discapacidad, por la implantación del alfabeto braille en las administraciones públicas y su uso en documentos frecuentes como el DNI, el pasaporte o la tarjeta sanitaria, así como en el etiquetado de productos farmacéuticos y otros productos de consumo necesario o peligrosos.