Así lo indicaron el portavoz de Izquierda Unida en la Cámara Baja y diputado de Sumar, Enrique Santiago; la alcaldesa de Rivas y representante de este partido en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Aida Castillejo; y el exalcalde de Buñol y responsable de política municipal de esta formación, Rafael Pérez.

Castillejo expuso que se habló “mucho” de lo que supuso el voto en contra del anterior decreto ‘ómnibus’, pero se habló “poco” del “recorte que nos supone a las entidades locales, un recorte de casi 6200 millones de euros” que “va a afectar de manera directa a servicios que son esenciales para las familias” y para las “empresas”.

Asimismo, recordó que tanto desde IU como desde el grupo municipalista que representa en la FEMP llevan tiempo reclamando “esa más y mejor financiación a los ayuntamientos, más recursos para vivienda, para políticas de igualdad, para educación o para nuestras personas mayores”.

Por ello, exigió al Gobierno que “con la mayor celeridad resuelva esta situación, que lo haga mediante la presentación de un real decreto que dé tranquilidad y seguridad a esos presupuestos municipales” y volvió a reclamar “esa necesaria reforma del modelo de financiación local”. “Ahora que parece que interesa mucho la financiación autonómica no dejemos pasar esta oportunidad”, dijo.

‘LEY MONTORO’

Por su parte, Pérez incidió en que la no convalidación del citado decreto supuso una “crisis sin precedentes dentro de del municipalismo” y pidió a PP y Junts, que votaron en contra, “solventar” estos “problemas” porque el municipalismo es “la base fundamental de nuestra democracia y no vamos a permitir que se debilite por decisiones cortoplacistas o insensatas de una fuerza política o de otra”.

Pidió al PSOE la derogación de la ‘ley Montoro’, “actual ‘ley Montero’, que desde el año 2013 asfixia y ahoga a las entidades locales” y recordó que envió a este partido una carta en la que expone que “se necesita esa reforma integral de la Ley de Régimen Local” para que “aborde problemas” y “garantice la financiación a todos los ayuntamientos”.

Además, instó al Gobierno a convocar “con carácter urgente” la Comisión Nacional de Administración Local y que elabore unos Presupuestos Generales del Estado para 2025 “ambiciosos”, que aumenten la financiación municipal, que “impulsen ese desarrollo local y sostenible” y que “den tranquilidad y calma a la ciudadanía y a las administraciones”.