En una rueda de prensa, Llamarares y Concha Denche, responsable de Movimientos Sociales y Desarrollo Sostenible de IU, manifestaron que el Ejecutivo ha vuelto a demostrar con este plan "la negación al diálogo" y la falta de consenso con los agentes sociales y el resto de las fuerzas poíticas.

"Es una paradoja que se presente ahora este documento cuando se conocen datos que demuestran que el Gobierno es el menos sensible y más incumplidor respecto a las directivas comunitarias y compromisos internacionales" de la Unión Europea (UE), criticó Llamazares.

En este sentido, recalcó que el Ejecutivo "incumple sistemáticamente sus propios compromisos en Kyoto" y quebranta la normativa comunitaria con actuaciones como el Plan Hidrológico Nacional.

Añadió que ha desarrollado sus poíticas "energética, de desarrollo urbanístico, de ordenamiento del territorio y de infraestructuras al margen del desarrollo sostenible", anteponiendo otras prioridades al medio ambiente.

Por ello, apuntó que es una contradicción "anunciar esta estrategia a bombo y platillo", y utilizar "una retórica ambientalista pero una práctica inservible con el medio ambiente".

La misma opinión manifestó Concha Denche, para quien el Gobierno realiza una "trasposición selectiva" de las directivas comunitarias y aplica a nuestro país sólo las que le interesan, como la de liberalización del mercado energético.

"BENGALA DE DISTRACCION"

Igualmente, arremetió contra la gestión "absolutamente despreciable del ministro de Medio Ambiente", y resaltó que con el anuncio de la estrategia de desarrollo sostenible se limita a "lanzar bengalas como mecanismo de distracción" ante el escándalo de Baleares.

Sobre este tema, Llamazares anunció que IU presenta hoy una querella ante el Tribunal Supremo contra Matas, prque considera que hay datos que apuntan a la posible participación del ministro en el caso del presunto fraude electoral y malversación de fondos públicos en Baleares, comunidad presidida entonces por el ministro de Medio Ambiente.

La querella se refiere a la supuesta utilización de dinero público para desarrollar un plan dirigido a incrementar de manera ilícita el censo de electoral de Formentera mediante la captación de emigrantes en Argentina y Uruguay o sus descendientes que no cumplían los requiitos establecidos por la ley electoral para votar en Baleares.