Urán explicó en los pasillos del Congreso que existen dos informes oficiales contrarios a la construcción de la presa, uno del Instituto Técnico Geominero y otro de la Dirección General de Obras Hidráulicas que advierten del peligro de derrumbamiento de la contrucción, pese a que el Ministerio niegue la existencia de estos dos documentos.

La construcción de esta presa, en la que el Gobierno prevé invertir 21.000 millones de pesetas en 1999, demuestra, según dijo irónicamente Urán, "el desarrollo que realiza el Ministerio en favor del medio ambiente y de la calidad de vida de los españoles". Asimismo, señaló que, si no se evalúan correctamente los riesgos de este tipo de construcciones para la población,se producirán más víctimas como las que ocasionó la ruptura de un depósito de agua en Melilla.

La diputada afirmó, por último, que son los intereses de las empresas eléctricas los que permiten que estas obras se realicen, pese a contar con informes técnicos en su contra.