El "caso Calviá", por el que se condenó a tres personas, todas ellas vinculadas al PP, se reabrió a principios del año pasado después de que uno de los condnados, el ex vicepresidente del PP en la localidad mallorquina Andreu Bordoy, aportara nuevas pruebas que implicaban abiertamente a Cañellas como la persona que dió el visto bueno a la operación.

A juicio de Grosske, Cañellas "ha logrado librarse de sus responsabilidades penales en el 'caso Túnel de Sóller', pero confiamos en que no sea así en un caso asimismo tan flagrante como fue el intento de soborno de un concejal en Calviá".

La Audiencia Provincial de Palma de Mallorca condenó en 1.993 a Anreu Bordoy, ex vicepresidente del PP de Calvia, y a otras dos personas estrechamente vinculadas a la formación conservadora, por intento de soborno.

La sentencia consideraba probado que intentaron provocar una moción de censura a finales de 1.991 y principios de 1.992 para dar la alcaldía al PP y sacar adelante proyectos urbanísticos en el municipio turístico mallorquín de Calviá.

El ex presidente del PP balear Eduardo Vellibre confesó a finales del año pasado al juez instructor que Gabriel Cañelas le exigió que firmase un documento que le exculpase a él y al diputado nacional del PP Francesc Gilet de cualquier responsabilidad en la operación.

La firma de sendos documentos por escrito tuvo lugar, según Vellibre, en una reunión celebrada en la sede regional del partido el día 20 de noviembre de 1.994, después de la sentencia condenatoria.

Tal reunión se celebró ante las presiones que entonces ejercía Bordoy sobre el partido, exigiendo el pago de la multa de cien millones de pesetas que leimponía la sentencia. Según la versión aportada por Vellibre ante el juez, Gabriel Cañellas organizó el pago del dinero.

Bordoy y Vellibre imputan a Francesc Gilet, ex consejero de la presidencia y "mano derecha" de Cañellas durante su gobierno, ser el "cerebro" del intento de soborno. Tanto Cañellas como Gilet han negado en reiteradas ocasiones su relación con el "caso Calviá".

CIEN MILLONES

El "caso Calvià" quedó visto para sentencia en 1993 en la Audiencia Provincial de Palma. El Tribunal cosideró probado que Andreu Bordoy, vicepresidente del PP en Calvià; Miguel Deyà, asesor urbanístico del PP, y el empresario Guillem Ginard, estrechamente relacionado con el PP, ofrecieron 100 millones de pesetas al concejal socialista José Miguel Campos para que apoyara una moción de censura contra la alcaldesa del PSOE, Margarita Nájera.

Curiosamente, los implicados fueron condenados a pagar una multa de 100 millones de pesetas cada uno, la misma cantidad que pretendían ofrecer al concejal independiene de Calviá.

El juez reabrió el caso después de que el condenado Andreu Bordoy le entregara el mes de febrero de 1996 un documento en el que el ex presidente del PP en Calvià, Eduardo Vellibre, se comprometía a pagar la multa impuesta por el tribunal.

En su resolución, el magistrado consideró que el documento podría indicar una ampliación de las responsabilidades en el intento de soborno, que tenía como objetivo la realización de una operación urbanística.

En su día, la sentencia, que considró probado que hubo un intento de soborno para obtener la alcaldía de Calviá, estableció que además de los condenados podía haber otras personas sin determinar que estuviesen implicadas en el caso.