Este proyecto no tiene, para IU, las garantías suficientes como para que no provoque rustración jurídica o victimismo entre los colectivos contra los que aparentemente va dirigido, afirma IU en un comunicado.

"La mejor lucha contra el terrorismo es la democrática ya sea con mecanismos de voto (los más eficientes en este momento por el aislamiento que se está provocando de los violentos), de carácter policial y con los mecanismos jurídicos de nuestro sistema legal. Las vías excepcionales que fuerzan el Estado de Derecho y el control judicial como es el caso del anteproyecto aprobado elviernes, al amparo más que dudoso de la ONU por cierto, van a encontrar dificultades legales y pueden provocar más frustraciones y problemas que los que intenta resolver".

IU manifiesta su "escepticismo sobre la viabilidad de dichas medidas excepcionales que chocan con mecanismos jurídicos de garantía que sólo la justicia puede y debe ofrecer en nuestro Estado de Derecho".

Asimismo señala que la denominada Comisión de Vigilancia de Financiación del Terrorismo que se incluye en dicha propuesta "esá compuesta única y exclusivamente por representantes de parte vinculados al Gobierno y obliga al recurso a los tribunales ante sus resoluciones lo que la convierte en una Comisión del Ejecutivo sin respaldo judicial. Con lo que el peligro y la frustración de que sus resoluciones se vuelvan en su contra con resoluciones judiciales sólo repetiría las habituales sentencias de los tribunales que han impedido en numerosas ocasiones paralizar o impedir el acceso a fondos públicos de organizaciones que se presenan a las elecciones y que tienen representación por mucho que nos repudie su comportamiento muy alejado de la democracia que, precisamente por ser democracia, les ampara".

IU concluye que "sólo la Justicia está legitimada para impedir, perseguir o ilegalizar estas actuaciones y así debe seguir siendo por el bien de nuestros derechos, libertades y garantías".