García Rubio cuestiona que "el Ejecutivo intente hacer creer que con esta medida se acaban todos los problemas de los proveedores y contratistas fuertemente endeudados cuando ante sus problemas no sólo se debe tener en cuenta la deuda correspondiente a los ayuntamientos sino también la que arrastran la Administración General del Estado y a las Comunidades Autónomas".

Para el responsable económico de IU, "la decisión se adopta sin medidas complementarias para asegurar que también cobren las decenas de miles de empresas subcontratadas, que son las auténticas realizadoras de las obras y proveedores de los bienes y servicios de las Administraciones Públicas".

Además, añade, el hecho de que tanto ayuntamientos como empresas tengan que pasar por los bancos privados para ejecutar sus compromisos "va a incrementar la carga financiera de las corporaciones locales y los costes de las empresas que ya se encuentran en una situación de falta de liquidez".

El dirigente federal recuerda que Izquierda Unida propone que el conjunto de las Administraciones Públicas paguen en un plazo de 30 días y que los recursos lleguen a los ayuntamientos directamente a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), "al precio oficial del dinero y con los intereses subvencionados por el Gobierno".

García Rubio afirma que "la situación actual hace imprescindible que el Ejecutivo cumpla los compromisos adquiridos desde la pasada legislatura para resolver de forma definitiva el sistema de financiación de los ayuntamientos, que debería realizarse al mismo tiempo que el de las comunidades autónomas".