El sabotaje, que provocó la paralización de las obras durante varios meses, se produjo en protesta por la decisión del Gobierno navarro de continuar las obras de la presa, a pesar de las resoluciones de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, que advertían que no se podría llenar el embalse.

Las organizaciones ecologistas se opusieron a qe la Administración llevase a cabo con dinero público unas obras "ilegales", de enorme impacto ambiental y social, de muy dudosa utilidad hidrológica y sobre las que planea una sombra de corrupción", según un comunicado hecho público hoy por la CODA.

Las asociaciones CODA, Aedenat, Greenpeace, WWF/Adena, Fondo Patrimonial Natural Europeo, y Seo/Bierd Life consideran que se trata de una condena "totalmente injusta", ya que "en ningún momento la acción estuvo dirigida contra ninguna persona, sólo contralas obras del embalse".

El movimiento ecologista destaca también que los miembros del grupo actuaron "movidos exclusivamente por su conciencia, y defendiendo el interés de la mayoría de los ciudadanos", y subraya que se entregaron a las fuerzas de seguridad una vez realizada su actuación, "sin oponer la más mínima resistencia"