María José Beaumont, abogada de la Coordinadora de Itoiz, declaró hoy a Servimedia que si la Audiencia Nacional mantiene la fianza iniciarán acciones legales por la vía penal contra el ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, José Borrell, ya que se trata de una obra del Estada adjudicada por ese ministerio.

Beaumont recalcó que la Audiencia Nacional se decanta por la paralización de las obras aunque establezca como condición un aval de 24.00 millones de pesetas, valor que otorga al perjuicio que ocasionaría la paralización si el Tribunal Supremo resuelve a favor del ministerio el recurso que este departamento ha presentado contra la sentencia de la Audiencia que declara ilegales las obras del pantano de Itoiz.

Respecto a la noticia que hoy publica "Diario 16" en la que se asegura que Antonio Aragón, ex consejero socialista de Obras Públicas del Gobierno de Navarra, cobró comisiones millonarias por la adjudicación de las obras del polémco embalse, María José Beaumont adelantó que la Coordinadora de Itoiz ejercerá la acción popular en el proceso que se sigue en Pamplona contra Aragón y el ex presidente navarro Gabriel Urralburu para que se esclarezcan los hechos.

Cuando se adjudicaron las obras de Itoiz Antonio Aragón ya no era consejero de Obras Públicas, pero ocupaba la Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Ebro, en cuyo ámbito territorial se está construyendo el embalse.

COMISIONES

Según "Diario 16", las comisions fueron pagadas por las constructoras Lain SA y Cubiertas MZOV, que junto a SACYR (Caminos y Regadíos), consiguieron la adjudicación de las obras, y oscilaron entre el 1,5 y el 3 por ciento del monto total de la obra, es decir entre 240 y 500 millones de pesetas.

La abogada de la Coordinadora de Itoiz recordó que la oferta de estas empresas se llevó la adjudicación de las obras a pesar de que no estaba entre las dos ofertas que seleccionó la Mesa de Contratación de Zaragoza, que descartó inicialmentela de Cubiertas, Construcciones Lain-Caminos y Regadíos.

"Curiosamente el Ministerio de Obras Públicas adjudicó finalmente la obra a estas empresas, cuya oferta había sido descartada en un principio, lo cual nos sorprendió porque era irregular", explicó la abogada.

La intención de la Coordinadora es solicitar ante el Juzgado de Instrucción que sigue el proceso contra Urrulburu y Aragón que amplíe la investigación sobre estas dos personas a los años posteriores a 1991, ya que ahora se centra en lalegislatura 1987-1991.

Además, pedirá al MOPTMA la revisión del contrato de la obras del pantano de Itoiz, por entender que se podría invalidar dadas las circunstancias que pudieron motivar su firma.

Si se consiguiera invalidar el contrato, los abogados de la Coordinadora de Itoiz consideran que la Audiencia Nacional ya no tendría motivos para exigir el depósito de una fianza como condición previa a la paralización de las obras, ya que en ese caso el contratista no podría exigir daños y perjuicio.